Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Especial para Bayano digital
Ha sido convocado oficialmente un diálogo para buscar fórmulas que alivien los problemas que enfrenta la primera institución de seguridad social responsable de la Salud de más del 80% de la población de Panamá.
Por ello, la comunidad debe seguir las deliberaciones previstas sobre el futuro de esa institución, ya que le compete el derecho a la Salud y el bienestar individual y colectivo.
Hace meses, anticipamos que el talón de Aquiles del gobierno del presidente Laurentino Cortizo sería la Caja de Seguro Social (CSS). Hoy, es posible saber cómo va a empezar el publicitado diálogo sobre la CSS, pero se desconoce cómo terminará.
La realidad es que hay muchos intereses alrededor de ese tema, sin que se disponga de una visión de Estado o un plan de desarrollo definido, con la inclusión de informes financieros atrasados que deberían ser ventilados.
El panorama sobre esa convocatoria se vislumbra incierto. A ello, se suma el notable atraso del Estado en el pago de las cuotas de empleados públicos y otras deudas. Sin duda, se ha cargado sobre la CSS el peso financiero de la Salud, mientras que se han hecho exoneraciones a empresas transnacionales, lo que implica altos costos institucionales.
La división del programa de pensiones, a través de dos clases de asegurados y dos sistemas financieros separados, con enormes déficits actuariales al sistema solidario, figuran entre los problemas que deben ser encarados con fuerza e inteligencia en el diálogo, si es que se esperan soluciones al futuro de la institución en juego.
Sin realizar claras previsiones financieras y adecuadas estimaciones del carácter autónomo de la institución, el Estado ha otorgado prestaciones para favorecer a ciertos sectores, siguiendo consignas meramente políticas. Es necesario estar atentos, para saber si serán afrontados estos problemas.
Los trabajadores panameños conocen las millonarias deudas de patronos que descuentan la cuota obrera y no la remiten a la CSS. De hecho, algunos dueños de empresas utilizan el ardid de no inscribir en el sistema a los asalariados. En cambio, los suscriben repetidamente con tiempo definido y utilizan otros métodos para eludir la cotización.
El Estado debe exigir al Banco Nacional de Panamá (BNP) el pago de tasas de interés a los depósitos de la CSS, al igual que otros depositantes. Ningún gobierno ha tenido los pantalones para eliminar esa discriminación que afecta directamente a todos los asegurados.
No se puede eludir el criterio unánime de que la CSS ha sido perversamente administrada durante muchos años, lo que ha minado sus reservas y recursos.
Programas como la dotación de medicinas y la administración de otros, han sido calificados bajo el estigma de la corrupción en la administración pública.
En ese sentido, el diálogo propuesto deberá privilegiar la verdadera autonomía que tiene por ley la CSS. En ese punto, hay que apostar a la posición de los trabajadores quienes han sido convocados al diálogo. De lo contrario, a corto plazo, tendrán que pelear en la calle para que no sean privatizados servicios esenciales.
Muy atinada su reflexión y comentario.