Gonzalo Tejera
Coordinador General
Movimiento de Bases Torrijistas [MOBAT]
Especial para Bayano digital
El diálogo nacional por la Caja de Seguro Social instalado el 18 de enero de 2021 ha sido reprogramado para iniciarse el 8 de febrero de 2021.
El convocante —el Gobierno Nacional— ha decidido que los invitados solamente discutirán tres temas en la agenda: la revisión del programa de invalidez, vejez y muerte [IVM]; la incorporación de los trabajadores informales a la seguridad social; y la gestión administrativa lo que ha provocado rechazo del sector de los trabajadores, empezando por la Presidenta de la Junta Directiva –Esmeralda Buchanan– que declaró, en el mismo acto de instalación, que la situación de la institución “enmarca más de estos” tres temas.
Y es que este diálogo constreñido a solamente estos tres temas rompe con la integralidad que nuestra Constitución Política le asigna a la Caja de Seguro Social cuando establece que “los servicios de seguridad social serán prestados o administrados por entidades autónomas y cubrirán los casos de, enfermedad, maternidad, invalides, subsidios de familia, vejez, viudez, orfandad, paro forzoso, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y las demás contingencias que puedan ser objeto de previsión y seguridad social” (Art. 113) y seguidamente dice “los sectores gubernamentales de salud, incluyendo sus instituciones autónomas y semiautónomas, intégrense orgánica y funcionalmente” (Art.115).
Otro tropezón de este llamado al diálogo está en la manera en la que se han seleccionado los participantes –por invitación– que ha propiciado un desequilibrio entre los dos grandes macro sujetos sociales: los trabajadores y los empresarios favoreciendo a estos últimos grandemente. Las solicitudes de inclusión por parte de organizaciones de ambos sujetos llueven en los medios de comunicación nacionales.
El diálogo de abrirse creativamente a todo lo que concierne a la Caja de Seguro Social explorando iniciativas que la desaten del impedimento de invertir, per se, sus fondos en inversiones estratégicas, seguras y rentables o destinando fondos de empresas estatales o particulares o asociaciones Público Privadas en las que el Estado tenga participación e interés estratégico.
No hay que dejar ninguna solución para el Diálogo del Bicentenario, ni para reformas constitucionales. La misma Constitución dicta que la Ley reglamentará todo lo concerniente a la Caja de Seguro social y teniendo el actual Gobierno mayoría en la Asamblea Nacional no debe haber ningún obstáculo para que las medidas de salvaguarda y adecentamiento de la Seguridad Social no sean tomadas oportunamente. Ya no se puede escurrir más el bulto, ni echar la carga de los desafueros administrativos sobre los hombros de los trabajadores.
Nosotros aspiramos a que en cualquiera que sea la vía que se adopte para dotarnos de una nueva constitución —Constituyente o Reforma parcial o Reforma Integral—se incluya a nivel constitucional que el manejo de la seguridad social se hará por el sistema solidario y que el Estado no podrá pagar ni pensiones ni jubilaciones mayor que la que fije la ley orgánica de la Caja de Seguro Social para sus pensionados.
