Tras estrenarse como integrante del denominado Grupo de Lima, para aislar a Venezuela y preparar la invasión militar a ese país sudamericano, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, viajó a Washington con el objetivo de recibir nuevas instrucciones que involucran la intensificación de medidas de “ablandamiento” contra el legítimo gobierno venezolano.
La movida política oficial se realiza pese al mayoritario rechazo en Naciones Unidas a los intentos de reconocer a la impresentable figura del Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Es obvio que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, necesita peones incondicionales para ejercer una mayor “presión de tuercas” que evite un posible empantanamiento en la crisis.
El gobierno panameño mantiene una dualidad en el tratamiento de los asuntos bilaterales con Venezuela. Por un lado, De Saint Malo recibe a la “embajadora” de Guaidó y, por el otro, el presidente panameño, Juan Carlos Varela, mantiene vigente los vínculos económicos y políticos con el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es una treta diplomática engañosa, ruin, absurda e inaceptable.
Un viejo mecanismo de extorsión y tortura adoptado por la Policía Secreta solía someter a detenidos a un interrogador “bueno” y a otro “malo” para arrancarles información. Parecían dos personalidades opuestas, pero en realidad cumplían un mismo propósito. El método engañoso incorporado a la desacreditada política exterior, descalifica a Panamá como un confiable e idóneo mediador regional.
Panamá no ganará nada involucrándose en proyectos bélicos. En cambio, este país puede elevar su estatura en el ámbito internacional si se desvincula de los planes intervencionistas dictados desde Wahington. Mike Pence, Mike Pompeo y Elliott Abrams –figuras notorias de la injerencia contra Venezuela– no son amigos de los panameños. Estado Unidos no tiene amigos, sólo intereses.
El gobierno dirigido por Varela tiene la obligación de hacer respetar el Tratado de Neutralidad Permanente de la vía interoceánica, para garantizar el transito libre y seguro de buques de todas las banderas del mundo. En vez de abogar por la guerra y el neocolonialismo, Panamá debe honrar la lucha patriótica de los mártires de enero de 1964 y desmantelar las bases de la agresión hemisférica.
