Por Antonio Saldaña
Abogado y analista político
El anteproyecto de Ley N°119, presentado por iniciativa legislativa ciudadana, el 20 de septiembre de 2022 y prohijado por la Comisión de Salud y Desarrollo Social, el 11 de enero de 2023, con fundamento legal en el artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, hoy proyecto de Ley N° 936 “Que reglamenta la profesión de politólogo y dicta otras disposiciones”, en espera del Primer Debate, en esa Comisión, en la que los interesados, en su momento, podrán acudir a expresar sus puntos de vista, ha generado una insensata oposición, basada en dos o tres premisas negativas.
Esas premisas son, a saber: la desinformación y la ignorancia; los intereses creados de algunos profesionales del derecho vinculados a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá; y del egoísmo del tres politólogos que ven peligrar su actual statu de confort profesional.
Mi primera hipótesis de trabajo (desinformación e ignorancia), surge de la absurda argumentación surgida a raíz de una publicación del diario La Prensa, a partir de la cual “opinadores” de todos los niveles y profesiones, principalmente, a través de las “redes sociales”, aseguran que dicha propuesta de ley, es contraria a la “libertad de expresión” y que, además, es un despropósito.
Pero, resulta que la iniciativa legislativa, en ninguno de sus 19 artículos se refiere a los medios de comunicación social o a la libertad de expresión o de prensa. En cuanto a la inconveniencia de legislar sobre la profesión de politólogo, ignoran estas personas, que por mandato constitucional son reconocidas las profesiones liberales y un número plural de ellas, ya están reglamentadas por Ley, tal y como lo dispone la “Hoja de Papel” panameña en el artículo 40.
El segundo motivo de la iracundo e irracional ataque al proyecto de Ley que reglamenta la profesión liberal de politólogo, en mi opinión, se deriva de las consecuencias que significa la modificación de la responsabilidad en el Departamento, Escuela y de los profesores de Ciencia Política, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a la sazón, “ciencia humana autónoma, que dejaría de constituir —como ha ocurrido hasta ahora— patrimonio exclusivo de los abogados” (Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley N°119 y Proyecto de Ley N°936).
Por otro lado, también adversan el proyecto de Ley que reglamenta la profesión de politólogo, lamentablemente, tres profesionales de esta rama de las ciencias sociales que ya han cimentado su carrera profesional, como quien dice: “En tierra de ciegos el tuerto es rey” o “no hay peor cuña que la del mismo árbol”. En consecuencia, ven a la nueva propuesta legislativa como un atentado a su cómoda posición profesional.
Finalmente, frente a tanta basura mediática, mi única recomendación a todas las personas, es que antes de expresar alguna opinión sobre esta norma, se tomen la molestia de leer una futura excerta legal, que no es una propuesta de diputados sino el producto de la iniciativa ciudadana legal y legítimamente reconocida.
¡Así de sencilla es la cosa!