Por Rogelio Antonio Mata Grau
Especialista en Ciencias Sociales y analista político
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró en el primer semestre de 2025 que su país está “preparado para cualquier situación, ya sea en Panamá o en Groenlandia”.
Aunque para algunos esa afirmación pueda pasar inadvertida o sonar a algo genérico, en realidad encierra un mensaje geopolítico de alto voltaje. La decisión de mencionar explícitamente a Panamá en una declaración de seguridad nacional no es un desliz retórico: es una advertencia. Y como tal, debe ser leída con la gravedad que ello implica.
Panamá no es cualquier lugar en el tablero mundial. Es el corazón logístico del comercio global, el paso interoceánico más estratégico del planeta y una pieza fundamental en la arquitectura del poder estadounidense en el hemisferio occidental. Desde la firma de los Tratados Torrijos-Carter, en 1977, hasta la invasión estadounidense en 1989, pasando por la constante injerencia diplomática, económica y judicial, Estados Unidos nunca ha renunciado a su vocación tutelar sobre el destino panameño. La historia lo demuestra, y el presente lo reafirma.
El contexto en el que fue emitida esa declaración no es menor. Panamá atraviesa una crisis institucional marcada por el descrédito de sus élites políticas, una ciudadanía en alerta tras la entrega del asilo a un expresidente condenado, la renuncia de su vicecanciller y la mirada atenta de potencias como China, que han ampliado su influencia económica en la región. El hecho de que una figura del más alto nivel militar mencione a Panamá junto a Groenlandia —otra zona de interés geoestratégico clave—, no es casualidad, sino cálculo.
Se habla de una amenaza directa de intervención militar, pero sí de una señal clara de vigilancia y disposición. Estados Unidos envía un mensaje a los actores internos panameños: no tolerará desórdenes que afecten sus intereses. También lanza un aviso a potencias extranjeras: cualquier intento de alterar el equilibrio geopolítico en torno al Canal será interpretado como una provocación. Ese manejo se inscribe en una larga tradición imperial de “garantizar la seguridad” de lo que consideran su zona de influencia. Una doctrina que, con otros nombres y métodos, sigue viva.
Cabe preguntarse: ¿quién define qué es una “situación” que justifica su intervención? ¿Quién decide cuándo Panamá cruza la línea de lo tolerable para Washington? ¿Y qué margen tiene nuestra soberanía para decidir su rumbo sin que se activen los mecanismos de presión externa?
Este episodio debe servir para reflexionar sobre la urgencia de una política exterior panameña firme, digna y basada en principios, tal como lo mostro el señor presidente con el llamado de atención al embajador norteamericano sobre las antenas de comunicaciones. Los panameños no deben seguir como espectadores de su propio destino, ni esperar a que las potencias definan si somos o no un riesgo para sus intereses.
Panamá necesita fortalecer su institucionalidad democrática, su independencia judicial y su cohesión social, no sólo para protegerse de las amenazas internas, sino también de las tentaciones externas de tutela disfrazada de ayuda.
La soberanía no se declara. Se ejerce. Y ante advertencias como ésta, la mejor respuesta no es el silencio complaciente, sino la afirmación valiente de nuestro derecho a existir como nación libre y respetada en el concierto de los pueblos.
