Ley Helms Burton, codificación del bloqueo a Cuba

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Presentación de Cecilio E. Simon E. coordinador del Colectivo Bayano, el 14 de junio de 2019 en la Biblioteca Simón Bolivar de la Universidad de Panamá, en el Foro  Ley Helms-Burton injerencismo y extraterritorialidad, organizado con el auspicio de la Asociación de Profesores (APUDEP) y Bayano digital

«Cada minuto de bloqueo a Cuba son 60 segundos de verguenza latinoamericana» Omar

La Ley Torricelli, aprobada en 1992, durante la presidencia de Georges Bush (padre), y posteriormente  la llamada Ley Helms-Burton, en 1996, bajo la presidencia de Bill Clinton, codifica el bloqueo económico, comercial y financiero que Washington mantiene contra La Habana desde 1962, a partir de una orden ejecutiva del presidente John Kennedy, que prohíbe comerciar con la isla, la interdicción para barcos estadounidenses de llegar a puertos cubanos, y la proscripción de las transacciones financieras con el gobierno de Cuba.

El título III de Ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la revolución cubana, al afectar los intereses de la Unión Europea provocó que esta demandara a gobierno estadounidense ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el mismo año de su promulgación (1996). Tras un acuerdo con Washington, el bloque europeo retiró la demanda ante el organismo multilateral.

Durante más de veinte años, el acuerdo alcanzado con la Unión Europea (UE) en la OMC, Washington ha pospuesto reiterativamente cada seis meses la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton. Ese acuerdo fue violado por el presidente Donald Trump. Además de reforzar el bloqueo, para presionar el respaldo de Cuba a Venezuela, provocó la airada reacción de la Unión Europea que amenaza llevar nuevamente el caso a la OMC.

El embajador español en Cuba, Juan Fernández Trigo, que es «casi obligado» que la UE lleve a EE.UU ante la Organización Mundial del Comercio por una disposición de la Ley Helms-Burton que abre la puerta a litigios en cortes de ese país contra empresas que operan en la isla.

Al rechazo internacional a esta ley, se suman los agricultores y las empresas que están haciendo negocios con Cuba que representa uno 400 millones de dólares al año.

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