Más allá de los escándalos de corrupción, que desde hace meses sacuden el ambiente económico, político y la esfera judicial en Panamá, hay claras evidencias del predominio de la impunidad derivada de los poderes dominantes, que han hecho suya esta práctica generalizada en el Estado y en el sector privado.
La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada. Lo opuesto, es la transparencia y la certeza del castigo. Sin embargo, los ciudadanos panameños y observadores internacionales comprueban que una nube de humo cubre los casos de latrocinio.
Nadie puede aceptar la impunidad en un sistema judicial postrado, después de que millones de dólares fueron sustraídos del erario público para favorecer a una élite acomodada. Tampoco es válido tolerar que los receptores de sobornos millonarios estén en libertad, tras la firma de numerosos contratos en licitaciones amañadas.
En las cárceles del país sólo hay internos marginados, pero ningún oligarca en las celdas, pese a la pérdida de los recursos vitales del país. Algunos expoliadores utilizaron a la Constitución y las leyes para envolver los dineros sustraídos. Con la plata robada al pueblo, organizaron aquelarres y condenaron a muchos a vivir en pobreza.
Los escasos resultados del Ministerio Público son poco convincentes y la culpa por delitos parece dispersarse para su conveniencia, ante las protestas de organizaciones sociales hastiadas de corrupción, cuyos reclamos chocan contra muros de indiferencia y menosprecio oficial, de los que se jacta poder. Es hora de poner fin a los abusos.
Sin duda, las nuevas generaciones enfrentan un difícil panorama agravado por la impunidad de la clase explotadora que se ufana de su dominio y se mofa, mientras recurre a la coima, el tráfico de influencias, el clientelismo, las extorsiones, los fraudes, la malversación, el compadrazgo y la dura cooptación política.
Para cambiar la impunidad por Justicia, no basta el enojo. Hay que reaccionar en forma organizada, con valentía y patriotismo, enfrentar a los saqueadores de diversas orientaciones partidistas y construir alternativas solidarias que permitan sacar al país del foso. La tarea es la defensa del Estado y la guerra a la corrupción.
