Por Alberto Velásquez
Periodista
Cuando el negociante Philippe Jean Bunau-Varilla firmó en 1903 el famoso tratado que vendía a perpetuidad la soberanía de Panamá, lo hizo pensando en su propio beneficio para resarcirse de los fondos del colapsado canal francés.
Aquel franco emisario tenía motivos para actuar de espaldas a la incipiente república de Panamá, en la que había dejado de ganar dinero a causa del fracaso del proyecto canalero. De hecho, cuando los delegados Amador y Boyd arribaron a Washington con el objetivo de ver los detalles del texto negociado, todo estaba consumado en perjuicio de los intereses del pueblo panameño.
Pero han pasado más de cien años de aquellos sucesos y Panamá alcanzó la soberanía total, y no debe permitirse que nuevos Bunau-Varilla apabullen las conquistas nacionales.
Como presidente de todos los panameños, Juan Carlos Varela firmó en diciembre un polémico acuerdo internacional en materia migratoria, que pone en juego la soberanía nacional y la estabilidad interna.
Ya lo había hecho antes, cuando suscribió un acuerdo con una transnacional, a la cual le entregó tierras y aguas de la región del Barú, en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, a cambio de una inversión ilusoria, que incluía calificar a los productores agropecuarios como intrusos en sus propias tierras.
Además, el mandatario ha puesto en juego la soberanía de Panamá, al permitir, sin consulta alguna, nuevas fórmulas en un denominado programa de crisol de razas, para que extranjeros compitan laboralmente con los trabajadores panameños.
El Acuerdo de Marrakech ‒Primer Pacto Mundial para la Migración promovido por la ONU‒, que sólo firmaron países que generan migraciones, por pobreza o violencia, ha sido rechazado por otras naciones que no aceptan el relajo en el fenómeno migratorio y protegen sus fronteras y zonas de seguridad. En cambio, fue avalado y respaldado por el gobierno panameño.
En el caso de Panamá, además de experimentar afectaciones en la Salud, la Educación y la Economía, por el ingreso a este país de mano de obra barata en los últimos años, también se percibe el aumento en la inseguridad a causa de migraciones desordenadas. Está claro que Panamá carece de una política migratoria y mecanismos para hacer cumplir la ley, sin xenofobia o menoscabo del derecho de los inmigrantes.
Por ello, es esencial advertir a todos los sectores, la actuación irresponsable del presidente Varela, quien firmó ese pacto global sin haberlo consultado con nadie, al igual que lo hizo Bunau-Varilla hace más de cien años, fuera de Panamá.
