EDITORIAL: La seguridad ciudadana contra las cuerdas

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La seguridad ciudadana contra las cuerdas

Las imágenes de videos aficionados y de cámaras de seguridad instaladas en negocios y residencias revelan una realidad que debe llevar a la reflexión: jóvenes amados que cometen asaltos a mano armada y ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.

Los informes oficiales muestran una reducción del nivel de los crímenes, en comparación con años anteriores, pero la evidencia fílmica requiere ser sometida al debate serio sobre por qué hay muchos jóvenes captados por pandillas y bandas, cuando deberían portar un libro y estar en dirección al aula de clases.

En medio de críticas a la inseguridad, el gobierno ha respondido con el aumento del pie de fuerza policial para enfrentar a organizaciones criminales. No obstante, es insuficiente ante un proceso de urbanización desordenado, la migración irregular, el colapso del sistema de transporte y nuevas modalidades delictivas.

La inseguridad se vuelve notoria ante el deficiente combate a la corrupción y la debilidad de las instituciones de Justicia. Ello confirma la necesidad de una transformación profunda del Estado para privilegiar la seguridad y la revaluación de iniciativas oficiales como “Barios Seguros” y “Vecinos Vigilantes”.

Una comunidad o núcleo humano puede sentirse segura cuando el sistema que la rige tiene fortaleza. Pero pierde entereza en la medida en que adolescentes sin oportunidades son expulsados del sistema educativo para ser captados por criminales empeñados en vulnerar las defensas de los cuerpos responsables del orden.

La activación de redes de narcotráfico que concretan alianzas con pandilleros es un hecho que debe concitar una mayor presencia de las comunidades organizadas, para recuperar espacios. Es un hecho cierto, que los delincuentes prosperan en vecindades donde se perdió la acción movilizadora del Estado, y convierten a las cárceles en universidades en sedes del crimen y aberraciones.

El dinero recuperado en operaciones “anti lavado de dinero” y las incautaciones a grupos criminales deberían ser destinados a programas preventivos y a la recuperación de personas afectadas por las drogas. Hay que dotar de recursos financieros a programas que ayuden a los ciudadanos a no proseguir contra las cuerdas, en el combate permanente contra el crimen y los atracos.

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