Despojos y leguleyadas… en los tiempos de Banapiña

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ROBERTO PINNOCK

Despojos y leguleyadas… en los tiempos de Banapiña

Roberto Antonio Pinnock Rodríguez
Sociólogo
Docente Universitario

Transcurrían los tiempos de Benito Juárez (1863) y de Porfirio Díaz (1894) cuando se aplicaban las ‘Leyes de Baldíos’, que sirvieron para despojar las tierras en las comunidades indígenas mexicanas, mereciendo también un lugar importante las ‘Leyes de Colonización’, tanto la provisional del año 1875, como la definitiva de 1883, las cuales entregaron a las clases pudientes de México las mejores tierras en poder de las poblaciones campesinas, alegando las autoridades que estas no tenían un título de propiedad o bien encontrarse ‘defectuosa’ la titulación. Leguleyadas y más leguleyadas, convertidas en barniz jurídico con las cuales se consumaban las más injustas expoliaciones contra las clases ‘de abajo’. Trama repetida en toda Norteamérica y el resto del continente.

En Panamá, hubo la aplicación de toda clase de modalidades, desde la ley del encerramiento donde los más pudientes alcanzaron a ‘encerrar’ grandes extensiones de superficie territorial con cercas que los campesinos no podían costearse. A partir de aquí, la ley les daba todo a estos latifundistas para exigir a las autoridades el desalojo de los moradores originales, lo cual se ejecutaba incluso con la quema de sus viviendas.

Sin embargo, en los tiempos recientes grandes inversionistas ven con interés el monopolio de territorios con abundantes cuerpos de agua. Desde hace pocos años Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank, Credit Suisse, HSBC, y otros, están invirtiendo en el acaparamiento de los territorios donde se encuentran las reservas de agua. Ergo, el acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, pero con predominio en los países subdesarrollados (Rivero Villaverde, 2017).

Suscribiendo los hallazgos de Rivero Villaverde (2017), entendemos que los nuevos despojos territoriales están siendo más complejos que los de otras etapas históricas. En parte porque los sujetos más activos en las compras de tierras son grandes empresas transnacionales que han consolidado como nunca su poder y se encuentran respaldadas por sus Gobiernos, su brazo armado y económico, y por sus instituciones internacionales, Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), etc.

También encontramos adquiriendo miles de tierras a sujetos que tradicionalmente no estaban vinculados con el sector primario. Se trata, de inversionistas que encontraron en la compra de tierras un refugio ante la caída de la cuota de ganancia que generó la crisis de la década pasada y a su vez, un sector que a partir de los altos precios de los alimentos y los minerales estratégicos, estaba generando importantes ganancias por el mercado especulativo.

En la etapa actual, hay más de cuatro inversionistas acaparando territorio panameño, bajo la figura de concesiones de 20 o más años que disfrazan la desposesión de los grupos más vulnerables ante las leguleyadas de autoridades que deberían aplicar la ley haciendo valer la justicia social.

Lo que ocurre en Puerto Armuelles con los campesinos a los que la corporación Del Monte —camuflada como Banapiña— les ha derrumbado sus plantaciones y con ello su modus vivendi , es que viene a ser una burda trama de la desposesión donde esta es cometida por autoridades haciendo alarde de aplicación de leguleyadas, en función de una empresa transnacional. Aquí, Anati alude que los campesinos ocupan tales tierras, porque estas son nacionales, para las cuales no proceden procesos de ‘prescripción adquisitiva de dominio’ y en consecuencia no pueden ser adquiridas por ellos y terminando calificándolos de ‘invasores’.

Lo que la Anati Varelista sospechosamente ignora es que lo que los campesinos tienen en su favor es la posesión agraria a partir de la cual han solicitado la adjudicación de las tierras poseídas desde hace más de 15 años.

De acuerdo al experto en materia de derecho agrario del país, Santander Tristán, la irresponsabilidad de los personeros de Anati es, que debieron asegurar la atención especial a estos productores con base en lo que estipula el derecho agrario, que protege la posesión agraria sobre dichas tierras. Contrario a esto, tal institución ha sido artífice en el lanzamiento y descalificación de los legítimos poseedores, con leguleyadas.

Así, la tendencia universal del poder transnacional, acaparando tierras a costa del despojo contra campesinos, y embaucando al buen sentido de la ley, basada en el bien común, encuentra su versión en nuestro país, en estos tiempos de la arrogancia de Banapiña. Bonita oportunidad para que el nuevo Gobierno demuestre de qué está hecho y a los intereses de quiénes responde.

 

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