Redacción de Bayano digital
Última actualización 19 Agosto, 2017 a las 09:39:26
Todos vimos el vídeo en el que la policía saca a la fuerza de la Universidad de Panamá, al estudiante Gilberto Solis de la Facultad de Derecho y a la Srta. Rita Ramos de Humanidades, que acudió en defensa de su compañero. Ellos, en presencia del Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, fueron arrastrados por un grupo de uniformados hasta el carro patrulla. Dentro del vehículo alcanzamos a ver como una agente policial agredía a Rita, en tanto Gilberto reclamaba «no empujes a la mujer. ¿Tu no tienes mamá ni hermanas?»
El abogado Félix Humberto Paz Moreno declaró a Bayano digital que durante unas cuatro horas fueron traslados, de manera intermitente. en cuatro ocasiones a las estaciones de Policía en San Miguel, y Bella Vista. Cada una declinaba competencia para atender el caso. Al parecer ese procedimiento es parte del protocolo policial, para impedir durante horas, la asistencia legal a la que tienen derechos todos los ciudadanos decía.
Finalmente, a las 9:00 de la noche fueron conducidos, para evaluación médica, al Hospital Santo Tomás, para luego ser conducidos nuevamente a la estación de San Miguel. Gilberto presentaba golpes en la cara y Rita lesiones en las manos provocadas por las esposas.
Falsificación del expediente
Las arbitrariedades procesales fueron la constante, manifestó el abogado Paz Moreno. El expediente de los estudiantes fue falsificado por la policía.
En el informe que leímos, los policías declararon que el arresto se produjo a las 4:00 de la tarde, pero no fue sino hasta las 6:00 que, en nuestra presencia, se les leyó los derechos constitucionales y se colocó en el expediente el formulario del Sistema Penal Acusatorio, dijo el abogado.
Al llegar a la fiscalía, notamos que el formulario fue sustraído del informe policial y reemplazado por otro que sostenían que las garantías constitucionales fueron leídas a los detenidos aproximadamente a las 4:30 de la tarde. La policía falsificó el expediente en el que se demostraba que por más de dos horas de la detención, no dieron lectura a los derechos y garantías constitucionales de los estudiantes, manifestó el entrevistado.
Rita permanece detenida o ordenes de la jurisdicción penal
A la 1:00 de la madrugada se les condujo al Juzgado Nocturno, donde el asesor jurídico de la policía presentó una acusación por lesión personal contra uno de los agentes y solicitó que se remitiría el caso a una fiscalía.
Rita Ramos permanece detenida a ordenes de la jurisdicción penal, acusada de provocar supuestas lesiones personales a un inexperto policía, que forzó la colocación de las esposas a la aguerrida y valiente estudiante universitaria. Gilberto Solís fue dejado en libertad y se envió su caso a la Corregiduría de Bella Vista.
La Ley Chorizo sigue vigente
La Ley Chorizo, aprobada por la administración Martineli – Varela en el 2010, que provocó las protestas en Changuinola con saldo de al menos dos muertos y decenas de heridos, algunos con lesiones en los ojos que produjo ceguera total o parcial. Aun cuando ésta fue derogada, se mantiene vigente la modificación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional con el texto original de la Ley Chorizo.
El gobierno de Varela criminaliza la protesta
La Ley Chorizo que ampara la brutalidad policial, agravada por la política del gobierno de Juan Carlos Varela de criminalizar las protestas. Recordemos la represión diaria de las protestas por la falta de agua que en campaña Varela prometió resolver; a las sexo trabajadoras, que solo pedían ser escuchadas por el director de la policía; a los maestros de áreas de difícil acceso, que piden mayor seguridad laboral; a los taxistas, que buscan asegurar su mercado de trabajo. Todos han sido agredidos impunemente frente a las cámaras, luego apresados, encarcelados y falsamente acusados por los policías. El objetivo es claro atemorizar a los ciudadanos.
En Barro Blanco también criminalizan la protesta de los Ngnäbes
Es particularmente emblemática la demanda que presentó la empresa GENISA, que construye la hidroeléctrica de Barro Blanco en los sitios ancestrales y arqueológicos en la Comarca Ngnäbe, que provocó un largo conflicto, que concluyó con la mediación de la vicepresidenta y el propio presidente Varela.
Ahora la empresa hondureña acusa a los dirigentes comarcales Manolo Miranda, Clementina Pérez, de la Iglesia Mama Tata y Cacique Regional Toribio García de violar la propiedad privada. El Juzgado Municipal de Tolé, acogió la demanda y los llamó a juicio. La audiencia se realizó el 18 de agosto y están pendiente del fallo del juez.
El testimonio fílmico difundido por este medio, muestra la agresión de la que fueron víctimas los estudiantes Solis y Ramos. Ellos fueron arrastrados por un significativo número de policías, reducidos a la impotencia y esposados. Ahora, un inexperto y mal entrenado policía acusa a Rita por lesiones, debido a que en el forcejeo para esposarla, a él se le quebró una uña.
La prolongada detención de Rita Ramos y la violación del debido proceso califican como persecución política y contravienen la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la que Panamá es signataria. A la luz de esa normativa internacional Rita Ramos es prisionera política del régimen de Juan Carlos Varela. Por ello, demandamos su inmediata libertad. #LibertadParaRitaRamos
