COMUNICADO AL PAÍS
La Alianza Estratégica Nacional informa a todos los panameños, a los Gremios, a los Sindicatos de Trajadores, a las Organizaciones Sociales, sobre las ilegalidades del Gobierno del Presidente Juan Carlos Varela de iniciar con el desalojo a cientos de familias de productores en el área de Barú. Este atropello se ejecuta ignorando la protección que el Código Agrario le confiere a los productores, en este caso específico, a los de Barú.
Ayer sábado, 29 de septiembre, en una reunión informal de algunos productores de Barú, se presentó la Juez de Paz Lic. Ulzana Valdés, acompañada del Cabo Beker, a notificarlos de la demanda que ANATI ha interpuesto en contra de los productores, la cual consiste en “lanzamiento por intrusos” de las tierras que vienen trabajando y viviendo desde hace veinte años.
Algunos productores han cedido a firmar “la salida voluntaria” ante el acoso de las autoridades locales y nacionales, la presión a través de medios de comunicación, la presencia policial. Además, ha habido actos criminales como incendiar viviendas y plantaciones a campesinos del área. Todo esto a cambio de la suma de B/. 2,200.00 , promesa que, le han hecho previo a la firma el retiro voluntario.
Este hostigamiento se debe al Contrato espúreo 36-2017, creado por el Órgano Ejecutivo y aprobado por la Asamblea Nacional, unánimemente y a tambor batiente sin siquiera una lectura previa, como han reconocido algunos diputados. Se han presentado cuatro demandas de inconstitucionalidad, y una Medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), todas éstas sin resolver aún.
Así mismo se ha enviado, al inicio del conflicto, una Carta Abierta al Presidente Varela y una Carta al los accionistas del Del Monte, informando de los problemas generado por el contrato, tal como está redactado…de las cuales no obtuvimos respuestas. Evidenciando con todos estos sucesos el rostro indolente y despiadado de este sistema de acumulación, que poco escrúpulos demuestran al excluir y despojar a los legítimos dueños de sus tierras, las cuales desean usurpar para engrosar sus cuentas bancarias
Igualmente, sostuvimos una reunión con el Defensor del Pueblo, Lic. Castillero Hoyos quien se mostró muy receptivo a los planetado. Seguidamente se le envió un correo electrónico,tal cual lo solicitó, planteando los puntos que requeríamos de la Defensoría del Pueblo. Todo esto sin resultados ni consideraciones.
En conclusión, este contrato, hace regresar al país a los enclaves del siglo pasado y a las políticas gubernamentales que motivaron el Movimiento Inquilinario de 1925. Así como a una explotación inhumana que mantiene a miles de enfermos debido al uso de agroquímicos que se utilizan en la producción del banano.
Llamamos a la conciencia de esta sociedad para que no vean este hecho como un suceso lejano y se sumen al rechazo de las prácticas retrógradas y abusivas de este gobierno.
Aprobado en la Asamblea General, realizada en la ciudad de Panamá el 7 de octubre de 2018
