Por Benjamín Colamarco Patiño
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El Derecho Internacional Público existe para proteger a los Estados de arbitrariedades y garantizar la convivencia pacífica entre naciones. Sin embargo, la reciente política exterior del gobierno de Donald Trump ha amenazado estos principios, ejerciendo presiones económicas, diplomáticas e incluso amenazas contra Panamá en un intento por condicionar nuestras decisiones soberanas.
Estas acciones no solo violan el principio de no intervención y menoscaban el Tratado de Neutralidad, sino que también ponen en riesgo la estabilidad regional y el derecho de nuestro pueblo a autodeterminar su futuro sin coerciones externas. Panamá, como nación libre e independiente, no puede ni debe aceptar imposiciones de ningún poder extranjero, vengan de donde vengan.
Los Estados Unidos no le “regalaron” nada a Panamá, el mundo lo sabe, nuestra soberanía plena se conquistó con lucha y solidaridad y blindamos la integridad del territorio patrio con irreductible convicción.
Por ello, es imperativo que:
1. El Gobierno panameño refuerce su posición diplomática, denunciando ante organismos internacionales cualquier injerencia inadmisible.
2. Se fortalezcan alianzas regionales y globales con países comprometidos con el respeto al Derecho Internacional y con aquellos que se han adherido al Tratado de Neutralidad.
3. La sociedad panameña defienda la soberanía con unidad, dignidad y firmeza, recordando que nuestra independencia no es negociable.
Las tácticas de presión y chantaje no tienen cabida en el orden multilateral del siglo XXI. Panamá no es colonia ni patio trasero de nadie, y cualquier intento por socavar su soberanía debe ser confrontado con la fuerza del derecho y la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo.
