Ola de crímenes contra líderes sociales y la amenaza a la paz en Colombia

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Una paz que podría ser arrastrada, como pétalos por el viento. (Foto: REUTERS/Fredy Builes).

Por Luis Alberto Laborda |
amlat@rcinet.ca

Cuando la semana última la justicia de Colombia decidió solicitar la captura del ex guerrillero Seuxis Pauxias Fernández, conocido por su nombre de combate Jesús Santrich, el debate sobre el futuro de los acuerdos de paz pareció reabrirse.

Tras 50 años de enfrentamientos, los acuerdos firmados en 2016 posibilitaron el cese del fuego y la desmovilización de las FARC, considerada la guerrilla más poderosa del país y de Sudamérica.

El pedido de detención fue justificado ante la ausencia de Santrich a una citación para comparecer en una causa por presunto narcotráfico.

El presidente Iván Duque no tardó en hacerse eco de la medida, diciendo que todos los colombianos están de acuerdo con la misma y con poner fin a una «farsa de justica» como calificó a los tribunales conocidos como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargados por los términos de los mismos acuerdos de juzgar el conjunto de los crímenes cometidos durante la “guerra civil”, por uno y otro bando.

Adriana Petro, nuestra entrevistada, no resulta sorprendida por la actitud de Duque, opuesto a los acuerdos como su mentor, el ex presidente Álvaro Uribe.

Petro remarca que resulta incomprensible que el ex guerrillero Santrich no pueda ser juzgado por los tribunales colombianos, en este caso los JEP, pero sí haya sectores que digan que está bien que se lo someta a la justicia estadounidense.

“Por qué tiene que haber siempre una amenaza de extradición hacia Estados Unidos”, se pregunta.

La periodista colombiana señala que todos los sectores están de acuerdo en que, si Santrich tiene causas pendientes debe hacer frente a los tribunales, pero en Colombia, donde los delitos que se le imputan habrían tenido lugar.

La hermana del ex candidato a la presidencia Gustavo Petro sostiene que se instala el debate sobre la acusación y pedido de detención del ex jefe de la guerrilla por presunto narcotráfico, al tiempo que se deja sin debatir la comisión de más de 2.000 asesinatos que cometieron los grupos paramilitares que en su momento contaron con la cobertura estatal para llevar a cabo su accionar y a los que nuestra invitada relaciona directamente con ex presidente Álvaro Uribe.

En su momento, Uribe lideró la campaña a favor del “No” en los referendos de paz y es sindicado por diversos sectores como quien ahora intenta voltear el trabajo de los tribunales especiales.

Además de los guerrilleros, los JEP tienen el mandato de juzgar a los paramilitares que actuaron durante el conflicto.

Por último, Petro denuncia la ola de crímenes que se siguen cometiendo en Colombia, que tiene como principales víctimas a los líderes sociales y a todo quien se decida a denunciar situaciones como la usurpación de tierras o los daños al medioambiente. Se habla de cerca de 700 muertes desde el inicio de la presidencia de Duque, el 7 de agosto de 2018, que permanecen sin ser aclaradas.

La paz parece pender de un hilo cada vez más delgado en tierra colombiana.

El líder de la oposición, Gustavo Petro, denunció la violencia contra los líderes sociales. (Foto: REUTERS/Luisa Gonzalez).

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