Por Cecilio E. Simon E.
Redacción de Bayano digital
En una vídeoconferencia del Colectivo Bayano, para discutir sobre la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS), aseguré en el análisis de la coyuntura que la campaña de transparencia de MOVIN estaba dirigida a debilitar a la coalición gobierno de la Administración del presidente Laurentino Cortizo, para provocar el establecimiento de “Un Gobierno de Transición” en el que se incorporarán elementos «independientes» que figuran en su lista de benefactores.
Ese «partido político de la sociedad civil» y el “partido mediático”, efectivamente, desataron una campaña de transparencia basada en la modalidad aprendida en los laboratorios de “golpes suaves”, en los que se capacita a organizaciones similares a MOVIN en técnicas de guerra psicológicas.
En un documento que circula en la red, Srdja Popovic, fundador de CANVAS, asegura que su organización mantiene nexos importantes con universidades de Estados Unidos, interesadas en sus técnicas de «guerra psicológica».
En efecto, también circuló en las redes sociales la noticia sobre un taller auspiciado por MOVIN y el Partido Primero Justicia, uno de las organizaciones políticas que apoya al autoproclamado Juan Guaidó, con la participación de un grupo de jóvenes entrenados en las mismas tácticas utilizadas en Brasil, Bolivia y Venezuela para encarcelar al ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, derrocar al presidente boliviano Evo Morales y provocar un intento de golpe de Estado, primero al presidente venezolano Hugo Chávez y luego a Nicolás Maduro.
En la publicación arriba citada, Popovic, el promotor de esos “golpes suaves” decía: «Pensé que exportar todas las técnicas que aprendí durante el derrocamiento de Milosevic sería una buena forma de contribuir a la democracia global».
La moral compartimentada de MOVIN, de la que escribe el activista gay Jacobo Schifter, se pone de manifiesto cuando una de sus benefactoras, la ONG Transparencia Internacional, condena el soborno a políticos en Latinoamérica (muy bien), en tanto que certificó a fines del 2007 a la transnacional del crimen, Constructora Odebrecht, con la máxima puntuación entre más de 100 empresas brasileñas, por sus presuntos estándares de transparencia.
Ese mismo año, el presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue beneficiado con la medida cautelar de “casa por cárcel” (arresto domiciliario), en su mansión de 3.000 metros cuadrados, por acogerse a la “delación premiada”, subrayaba en mi artículo suscrito el 25 de mayo de este año.
Sin duda, ponen en evidencia que “Bañan a un elefante con champan, en tanto pelean el alpiste al canario” y participan en una depurada operación de “Captura del Estado”, descrita en mi articulo del 26 de mayo pasado como la forma superior de corrupción.
El nombramiento de Rogelio Rengifo, un connotado integrante de MOVIN, en la directiva del Fondo Nacional de Ahorro de Panamá, es una clara expresión de “Captura del Estado”. Con ello, se intenta favorecer a los poderes fácticos, que se sienten alejados del poder y presionan con el propósito de obtener, por ejemplo, 800 millones de dólares para el rescate de una línea aérea, despedir a trabajadores panameños y contratar a extranjeros, promover reformas al Código del Trabajo y suspender por dos años los contratos en el sector turismo, con el objetivo de maximizar sus ganancias en tiempos de pandemia.
En sentido contrario presionan el ingreso económico de más de 1,1 millones de panameños, constituidos por 700.000 cuentapropistas y 400.000 desempleados en cuarentena y sin medios para subsistir, que solamente reciben un cuestionado subsidio de 80 dólares mensuales, pero son lanzados prematuramente a las calles para buscar su propio sustento, convirtiéndose en potenciales víctimas del rebrote del COVID-19.
La “cruzada de transparencia” de MOVIN, brazo ejecutor de los poderes fácticos, coronó con éxito. Ahora, el presidente Cortizo y su debilitada coalición de gobierno son presionados para establecer un «gobierno de unidad nacional» (de transición), integrado por los llamados «independientes», en una típica operación de «Captura del Estado» para beneficiar los intereses de los poderes fácticos.
