Minería en clave geopolítica… ¿y Epsteiniana?

Por Rekha Chandiramani
Peeriodista

Una Corte, dos inconstitucionalidades y dos abordajes distintos del gobierno. El modus operandi «excepcional» utilizado para los puertos puede convertirse en la regla…ahora con la mina.

Dentro de la larga saga de inconstitucionalidades que hemos presenciado en los últimos años, el contrato minero es, quizás, la más épica. Rompió todos los paradigmas y nos ilustró, de manera obscena, el doble rasero con el que se mide la justicia en Panamá.

Resulta que el Contrato-Ley 7 de 1997, el famoso contrato minero firmado entre el Estado panameño y Petaquilla Minerals de Richard Fifer —quien fuera, además, gobernador de la provincia de Coclé, justo donde se ubican los accesos a la mina—, fue demandado varias veces desde su firma. Sin embargo, el fallo permaneció engavetado mientras el mundo seguía su curso. Nada detuvo a la empresa que, en el ínterin, se partió en dos, vendió una parte, empezó a extraer oro, luego paró, se declaró en quiebra, evadió prestaciones sociales y quedó acéfala por el autoexilio de su líder.

La Corte Suprema de Panamá no vio interés en resolver el caso. Pasaron los años y la empresa que compró la otra parte de Petaquilla terminó vendiendo a otra, la canadiense, First Quantum Minerals (FQM), que comenzó a construir una mina a cielo abierto en Donoso. Cuando finalmente se declaró la inconstitucionalidad del contrato original en 2017, 20 años después de entregada la concesión, la empresa, a todo vapor, se dio el lujo de empezar a extraer y exportar cobre en 2019, amparada en un simple comunicado del Ministerio de Comercio. El gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) le había prometido un nuevo contrato, promesa que luego asumió la administración de Laurentino Cortizo, cuyo vicepresidente en algún momento fue abogado de Petaquilla, la minera de la concesión original de Fifer.

De la mano de un gobierno con estrechos y documentados conflictos de intereses, llegó, en efecto, un nuevo contrato. Fue tras impuestos meses de protestas y una férrea oposición de ciudadanos y organizaciones en la Asamblea. Hubo un pequeño avance táctico: esta vez no fue un “madrugonazo” sino un “golazo” de viernes por la tarde: 20 de octubre de 2023.

Más de 40 días de protestas después, y con cuatro vidas perdidas —dos maestros asesinados por un ciudadano norteamericano en la vía Interamericana y dos manifestantes atropellados—, la Corte declaró inconstitucional este nuevo contrato, la última versión aprobada por FQM. Lo hizo en tiempo récord: 27 días. Es decir, un 99.6% más rápido que el fallo contra el contrato de Petaquilla, el mismo que amparaba la concesión que FQM había comprado. Otro doble rasero.

En resumen, como dicen los mineros: “el hueco sigue allí”. Hay un nudo gordiano que nació viciado de origen. Y el presidente José Raúl Mulino no ha dado señales claras de que vaya a consultar a las mayorías, obedecer el fallo de inconstitucionalidad o acatar la ley de moratoria minera. De hecho, una abogada que fue viceministra mientras Mulino era ministro en la era Martinelli, y hermana de un exmagistrado también nombrado en ese período, ha intentado tumbar la ley de moratoria en la Corte al menos seis veces. Hasta ahora, sin éxito.

La gran pregunta, tras más de dos años de un fallo judicial que establece que no hay contrato ni concesión minera y con una ley de moratoria vigente, es: ¿cómo resolverá Mulino este embrollo? Si analizamos su modus operandi , podríamos tener algunas claves para esbozar una hipótesis. Y si a eso le sumamos la sombra de los archivos de Epstein, podríamos vislumbrar incluso un protagonista virtual. Las pruebas, al final, las darán el tiempo.

Estados Unidos apoyó el fallido contrato minero en su momento. Su embajadora, Mary Carmen Aponte, confirmó que fondos privados estadounidenses tenían dinero invertido en el proyecto, al igual que capitales europeos y coreanos. China participaba en menor proporción financiera, pero era el destino del 100% del concentrado de cobre. Luego del fallo y el cierre de la mina, las acciones de FQM cayeron. Fue entonces cuando una empresa china, Jiangxi Copper, reflotó el valor al comprar una mayor participación accionaria, ganando un puesto en la junta directiva. Ahora, la empresa, aunque sigue siendo trasnacional, es un poco “más china” que antes.

Y en estos tiempos de desglobalización, donde el capital vuelve a tener nacionalidad -o al menos en la mente del agente naranja en la Casa Blanca- eso es una pieza clave en el tablero de la nueva reconfiguración mundial que lidera Donald Trump. Su doctrina “Donroe” una reedición de la “Doctrina Monroe”, que busca el caparamiento de petróleo, minerales y tierras raras mediante coerción, coacción o ataques abiertos a países como Venezuela o Canadá —y seguramente vendrán más—, augura un redireccionamiento forzoso de ese concentrado de cobre que salía solía de Donoso hacia China.

No son teorías de conspiración. En febrero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos convocó a una “ Cumbre Ministerial de Minerales Críticos”. Allí, el vicepresidente JD Vance y el secretario Marco Rubio se reunieron con representantes de 54 países —Panamá no creció— y concretaron acuerdos con algunos de ellos para crear “una zona comercial preferencial de minerales críticos”. Preferencial para Estados Unidos, claro está. Un mecanismo que, en esencia, blindaría a las transnacionales mineras estadounidenses de los vaivenes del mercado, asegurando precios mínimos ajustados para la extracción y procesamiento de estos recursos estratégicos.

En esa cumbre se firmaron una vez los acuerdos . Participaron la Unión Europea, Japón, Australia y Reino Unido, entre otros. Por América Latina estuvieron Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, República Dominicana, Ecuador, Perú, México y Paraguay. Además, se anunció la inyección de 12.000 millones de dólares en el denominado “Proyecto Vault ”, destinado a caparar una reserva “estratégica” de minerales críticos y tierras raras. El objetivo explícito: evitar disrupciones en la cadena de suministro que puedan ser usadas como “arma de coacción”. El implícito: impedir que esos recursos terminen en las fábricas de China.

Y en la pataleta de ahogado que parece ser el intento de Trump por reindustrializar Estados Unidos, a las buenas oa las malas, la imposición de contratos leoninos de extracción será la tónica. Ya lo dijo Eduardo Galeano en sus venas abiertas de América Latina: la maldición de nuestros países es, precisamente, esa riqueza que nos condena al empobrecimiento…la tierra del interminable expolio.

En esa lógica, aunque Panamá no haya asistido –probablemente porque no fue invitado- según dice la Cámara Minera porque no hay confianza tras el fallo de minero de 2023 , la fatal aventura del extractivismo en Panamá no parece que tendrá punto final, por ahora.

¿Qué pasará, entonces, o qué podría pasar? Si el modus operandi del “quítate tú para ponerme yo” se replica ahora con el contrato minero – ya le llaman “el modelo Panamá” , podríamos ver en la mina una transición similar a la de los puertos. ¿El objetivo? Sacar a una transnacional “muy china” para poner, dedocráticamente, una “más estadounidense”. Léase estadounidense como beneficiario final, con todas las ramificaciones de intermediarios posibles.

Surge entonces la otra gran pregunta: ¿Quién sería la o las empresas “afortunadas”? No podría haber licitación porque hay una ley de moratoria minera y el presidente dijo que “ese tema no va para esta Asamblea”. En otras palabras, él tendrá la ¿última? palabra.

Visitas a Estados Unidos, muchas en año y medio. Apretones de manos con mineros estadounidenses, no hemos visto aun, al menos no públicamente. Pero eso no significa que no los haya en la trastienda del poder. Y profundizando el modelo intermediario de la oligarquía panameña -hoy en en el poder- los realineamientos pueden tener intermediarios de intermediarios…de otros intermediarios.

En los correos filtrados del Departamento de Estado sobre Jeffrey Epstein, el financiero acusado de liderar una red de tráfico sexual infantil, resalta un nombre: el del chileno Andrónico Luksic. Su mención en una conversación sobre un viaje a Dubái no implica culpabilidad ni participación en la red de Epstein, y tampoco se le ha acusado de ello. Lo demostrable es su conexión con Panamá.

Luksic es miembro de la Junta Asesora del Canal de Panamá. Esto es público, al igual que su cargo de vicepresidente del Banco de Chile, que cita el propio ACP en su sitio. Lo que es menos conocido, como reveló el medio chileno Interferencia , es que una de sus empresas, Twin Metals, desarrolla un proyecto minero de cobre y níquel en las cercanías de Boundary Waters, un área protegida de más de 400 mil hectáreas en Minnesota.

Las casualidades no terminan ahí. El proyecto de Twin Metals ha enfrentado una fuerte oposición ambientalista y una serie de litigios. Está paralizado desde 2023 —el mismo año del fallo en Panamá— luego de que el gobierno de Joe Biden decretara una moratoria minera en la zona. La empresa recurrió a la justicia, pero los tribunales le han negado los permisos. Sin embargo, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, el proyecto ha cobrado nuevo impulso, tal como ocurrió durante su primer mandato. El mismo medio revela la cercana relación del empresario chileno con el año de Trump, llegando a alquilarle una mansión a la pareja Kushner-Ivanka.

Nadie es culpable por asociación. Pero si algo nos ha enseñado el gobierno de Mulino es que los apretones de manos pueden traducirse en beneficios… y hasta en contrataciones directas. Y seguramente los del círculo cero se habrán dado la mano en algún momento con este empresario chileno, asesor del Canal, financista, minero y amigo de Trump.

De paso, el nuevo canciller de Chile, nombrado por el ultraderechista José Antonio Kast, proviene de las empresas del grupo Luksic. Y Kast, sin tener aún la banda presidencial, ya estaba asesorando a Mulino… en el tema minero.

Chile también estuvo en la cumbre de minerales críticos. Ser el primer productor de cobre del mundo lo hace indispensable en la “estrategia” de Estados Unidos, pero los acuerdos con Chile no serán tan dóciles porque el estado ya participa mayoritariamente en la actividad, algo que no cuadra con la función extractiva imperial impuesta por los “estrategas” del Norte, por más llamados a la “seguridad nacional” que hagan los trumpistas . Sin embargo, nada impide a empresas chilenas –que quieran asumir el riesgo- actuar como intermediarias entre el gobierno panameño y corporaciones estadounidenses.

Por otro lado, Japón, cuyo representante se sentó al lado del secretario Rubio en la reunión donde se repartieron los minerales del mundo fue el primero en hablar después de él. El gobierno nipón, junto con sus bancos y empresas, también son cortados con frecuencia por el propio Mulino y su séquito. En su última gira del presidente panameño a Puerto Armuelles, a unas seis horas de la capital, estuvo en primera fila el embajador japonés y su esposa. El mandatario los describió como “un gran amigo”. Con los japoneses podemos descartar los apretones de mano, pero sólo porque ellos evitan el contacto físico al saludar.

Las conexiones no terminan allí. Con el que de seguro sí se habrán saludado los mulinistas es con Donald Trump Jr., en las dos ocasiones —las conocidas públicamente— que ha viajado a Chiriquí, provincia natal del presidente panameño.

En consecuencia, si sumamos los apretones de mano que se ha dado el ministro de Ambiente y amigo personal de Mulino, Juan Carlos Navarro, en una reciente gira por Washington con inversores y funcionarios —viaje que, según enfatizó, no pagó el gobierno panameño—, si sumamos los seis intentos por tumbar la ley de moratoria por parte de una abogada cercana al presidente; y si consideramos el modus operandi de la transición expresa de los puertos a raíz de un fallo de la Corte, tenemos suficientes elementos para una hipótesis sólida: el gobierno de Mulino está buscando reemplazar una operación minera ilegal por otra que también sería ilegal, pero con diferentes dueños.

Esta movida, que el gobierno presentará en los próximos meses —según los rumores lo haría por decreto en medio del frenesí futbolístico del mundial— como una “solución magistral”, “estratégica” o usando cualquier otro eufemismo, solo revela un cambio de equipo: de los dragones a las águilas calvas. Sin embargo, los costos ambientales y sociales —el hueco, la contaminación, el futuro incierto, el agua y el aire contaminados— siempre lo cargaremos los panameños, eternos perdedores de un partido que nunca quisimos jugar.

Bienvenidos al extractivismo imperial del Siglo XXI.