Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
La educación panameña no puede olvidar. Lucy Molinar, quien dejó huellas dolorosas y profundas en su primera gestión ministerial, se moviliza ahora con la pretensión de reformar la ley orgánica que rige el magisterio en Panamá.
Líderes de diversas asociaciones de educadores reconocen que la trayectoria de la ministra la descalifica para presidir una reforma educativa.
Su estela del pasado hiere. Como ministra del expresidente Ricardo Martinelli, declaró obsoletos los libros, novelas y escritos de prestigiosos escritores e historiadores notables de la cultura. Su figura fue duramente rechazada cuando eliminó la cátedra sobre las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Ello se tradujo en un duro golpe al bagaje de los estudiantes y un claro comportamiento de personaje con mentalidad colonialista.
Los institutores de varias generaciones no olvidan que fue la primera autoridad educativa que permitió que la Policía Nacional entrase por la fuerza al Instituto Nacional, vejando la integridad de plantel con una larga trayectoria de luchas patrióticas.
Cada uno de esos actos descritos, ejecutados con soberbia, fueron una afrenta directa a la identidad, a la soberanía nacional y a la cultura.
En su segundo mandato, la experiodista reafirmó su descalificación a los educadores, a quienes menosprecia y somete, violándoles los derechos y conquistas sociales
Esa actitud de prepotencia, que desarrolla imitando a sus superiores, adorna el interés de reformar una ley educativa de la cual debe alejarse, por falta de conocimiento en esa materia. Desde su pedestal, no solamente emana desconfianza, sino que amenaza con profundizar la crisis educativa que arrastra el país durante muchos años.
Es cierto, la educación demanda reformas, pero sin la polémica presencia de Lucy. La educación se construye con respeto a la cultura, y no prohibiendo un libro histórico sobre el Instituto Nacional.
Conviene recordar que la ministra intentó comprar, sin licitación legal, miles de computadoras por varios millones de dólares, a través de empresas de dudosas referencias.
Que quede claro: la educación panameña no puede ser rehén de una estrategia para tapar escándalos ni para doblegar un valioso sector como el magisterio.
Hoy, más que nunca, se necesita levantar la voz contra las heridas del pasado para evitar que se impongan reformas que desconozcan la dignidad de los educadores y la memoria del pueblo panameño. Sin memoria no hay identidad, y sin maestros dignos no hay futuro posible.
