Los albergues del terror

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El estallido de nuevos escándalos de corrupción, maltratos físicos y abusos sexuales cometidos en albergues en perjuicio de la población infantil, rebaja la calificación de Panamá como país signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y revive el debate relacionado con el ultraje a los derechos humanos de personas indefensas en situación de peligro.

Un detallado informe presentado a la Procuraduría General de la República por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, de la Asamblea Nacional de Panamá, estremeció a la sociedad panameña ante la gravedad de crímenes ejecutados por delincuentes ante la debilidad de la ley y la indiferencia de instancias responsables de garantizar la aplicación de políticas sociales.

Los alarmantes hechos denunciados confirman el fracaso del Estado de garantizar el principio del interés superior del menor, al haber cedido y privatizado la tutela de niños y niñas en riesgo, a fundaciones y organizaciones no gubernamentales que manejan con criterios de rentabilidad el lucrativo negocio de los albergues. Algunos de esas fundaciones y organizaciones no se acogen un protocolo único, operan sin la correspondiente acreditación y supervisión del Estado.

Es ilusorio pensar que grupos particulares que atiende a la niñez desamparada en instalaciones deficientes, insalubres convertidas en verdaderos depósitos humanos, para vergüenza de la nación, sustituyan al Estado, en la función de asegurar la estabilidad mental y moral de los menores, y garantizar el derecho a la alimentación adecuada, la salud, la educación, la seguridad y la previsión.

De poco ha servido que los derechos de niños, niñas y adolescentes estén consignados en la Constitución Nacional, el Código del Trabajo, el Código de la Familia, el Código Penal, el Código Agrario y el Código Administrativo, debido al abandono del Estado de la responsabilidad de aplicar una estrategia nacional e integral que impida la criminalización de la niñez.

El Estado panameño ha sido emplazado con dureza, debido á esas falencias, pero esta vez tendrá que responder y trazar un plan convincente para salvaguardar los derechos humanos. Lo ocurrido es demasiado grave para pasarlo por alto.

Además de sancionar a los culpables, es necesario que haya rendición de cuentas en materia social. Es un asunto que no admite titubeos.

Los albergues  de terror ponen nuevamente de manifiesto, la crisis de la institucionalidad del Estado neoliberal que, en abierto declive, demanda un proceso constituyente para la refundación de la República.

1 COMENTARIO

  1. Este es el peligro de permitir que el Estado deje en manos de sectores privados su responsabilidad de gobierno. Igual se vislumbra que puede suceder con los proyectos app, y otros como las tercerizaciones de ciertos proyectos y contrataciones directas, que no tienen la mas mínima supervisión estatal.

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