La quinta papeleta

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La quinta papeleta

Por Julio Bermúdez Valdés
Redacción de Bayano digital

El gabinete ha aprobado la quinta papeleta para que los ciudadanos indiquen mediante qué método estarían dispuestos a reformar la Constitución. La reforma ha sido hace ya algún tiempo una aspiración legítima de la ciudadanía considerando los cambios que ha dado el país social, económica y políticamente. Insinuar que algún sector la rechaza no solo falta a la verdad, sino que sugiere una maniobra apócrifa.

Ha sido tal el peso de esta aspiración que durante las elecciones de 2014 fue una de las promesas que todos los candidatos incluyeron en sus programas y cuando el actual presidente asumió la primera magistratura aseveró que el proceso comenzaría un año más tarde.

Sin duda alguna, esa meta hubiera sido posible y oportuna, hubiera dado espacio para la mejor de las discusiones, pero como en muchas otras cosas, incluyendo la gestión de gobierno o la designación de funcionarios en posiciones importantes, la administración Varela impuso su ritmo, dilató los tiempos, postergó medidas y como en el caso de la designación de magistrados para la Corte Suprema de Justicia, las reformas a la Constitución son hoy un apretado paso de última hora.

Sería ingenuo pensar que el gobierno ignora el apremio evidente con que trata de encarar este hecho. La misma premura que exhibe revela cuan consciente está de que llega tarde al cumplimiento de la tarea y que ahora con una terquedad inconsecuente quiere tumbar la puerta porque no entró cuando debía.

¿Qué  se percibe en el fondo? Como toda fuerza dirigente, la instalada en el gobierno no está exenta del interés por dirigir los cambios de un pacto social que contenga su sello. Y eso no es malo. Lo malo es haber dedicado cuatro años otros temas y postergado los fundamentales.

La sociedad no está obligada a pagar ese error abocándose a ejercicios de última hora que impedirían el conocimiento cabal de las propuestas y el amplio debate que exigen reformas de este nivel. Las reformas no pueden hacerse porque sí. Pero con su aprobación del martes, pese al anuncio oportuno del Tribunal Electoral indicando que la consulta solo puede ser viable después que la Asamblea apruebe una ley en ese sentido, la administración Varela deja entrever la intención de tratar de culpar a otros por su una responsabilidad que le es totalmente propia, y abocar al país a un debate extemporáneo que a estas alturas es tema para otro gobierno.

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