Por David Carrasco
“Las poblaciones indígenas se oponen y se opondrán a la destrucción de sus hábitats por parte de grupos o consorcios internacionales que pretenden explotar las riquezas hídricas y minerales del país”, dijo en entrevista con Bayano digital el activista Julián Caballero Jiménez, de la comarca Ngäbe-Buglé.
Caballero Jiménez manifestó que, desde hace meses, personal de varias empresas multinacionales incursionan en tierras comarcales para realizar estudios técnicos con el objetivo de ejecutar futuros proyectos hidroeléctricos y mineros, a margen de las aspiraciones de los pueblos originarios que resisen la ocupación ilegal y han interpuesto demandas en tribunales nacionales e internacionales.
“En 212, fue aprobada la Ley 11, que prohíbe la exploración y la explotación de los recursos minerales en la comarca Ngäbe-Buglé, pero empresas foráneas incursionan en la comarca. Ello sugiere que el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tolera esas acciones arbitrarias”, denunció el activista.
La comarca en la que habitan los Ngäbes y los Buglés fue creada a través de la Ley 10 (Gaceta Oficial Nº 23.242) del 7 de marzo de 1997 y señala que las tierras son de propiedad colectiva de esos pueblos indígenas distribuidos en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Ambas poblaciones indígenas han defendido en las calles su derecho a la tierra, al agua y a su herencia cultural, contra la explotación y los abusos.
Caballero Jiménez precisó que los Ngäbe-Buglé siguen con interés el conflicto en el área de Donoso, en la caribeña provincia de Colón, tras el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 relativa al contrato firmado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A., cuya concesión para explotar cobre fue vendida a First Quantum (controladora de Minera Panamá).
El proyecto en Donoso ocupa aproximadamente 5,900 hectáreas de las 13,600 hectáreas de la concesión otorgada en 1997 por el gobierno panameño a Minera Petaquilla. Esa enorme concesión territorial fue denunciada por grupos ecologistas como una seria amenaza al Corredor Biológico Mesoamericano. A ello se han sumado protestas sindicales e informes de contaminación química a causa de las operaciones de la minería a cielo abierto.
Caballero Jiménez sostuvo que en la minería a cielo abierto hay un largo historial de anomalías, entre ellas la contaminación ambiental, y que hechos similares podrían repetirse en proyectos de explotación en las áreas comarcales, donde hay valiosos yacimientos minerales de cobre y oro. Adujo que la fragilidad de la legislación vigente conduce al expolio en este país.
Resaltó que uno de los elementos generadores de tensiones en las relaciones con el gobierno es la iniciativa estatal de construir a través de la vertiente del Caribe la cuarta línea de interconexión de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). Indicó que “ese proyecto, que pasaría por tierras indígenas, es llevado adelante sin la respectiva consulta a los pueblos originarios”.
De hecho, tras un prolongado conflicto, el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco ‒construido en áreas contiguas a la comarca Ngäbe-Buglé en la provincia de Chiriquí‒ empezó a generar 28,8 MW de energía. No obstante, organizaciones sociales aducen que “ello no ha beneficiado a las comunidades indígenas”, ya que carecen de Educación de calidad, acueductos, buenas carreteras y servicios hospitalarios.
Caballero Jiménez llamó a la unidad de los pueblos originarios para impedir que los recursos del subsuelo sean arrebatados por empresas explotadoras cuya actividad cuprífera genera ganancias multimillonarias, pero no garantiza desarrollo humano para las comunidades que habitan esas tierras.
