Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
El Observatorio Criminológico Académico y Social (OCAS), enfocado en el estudio del crimen, se mantiene alerta ante la situación en la que la población demanda una mayor protección contra el aumento de la violencia delictiva en Panamá. Por ese motivo, ha decidido examinar las acciones del Consejo Nacional de Política Criminológica, desde la creación de la Ley 328 del 10 de octubre de 2022, de la Secretaria Ejecutiva de Política Criminológica, con el objetivo de entender su evolución y los resultados alcanzados desde su aplicación hasta el presente.
En octubre, se cumplirán cuatro años desde la implementación de la Ley 328. Durante el periodo presidencial 2019-2024, se registraron 2643 homicidios, lo que representa una tasa promedio de 500 homicidios por año. En el nuevo período presidencial, que abarca un año y nueve meses, se han contabilizado 1002 homicidios, manteniendo una tasa de 500 homicidios. Cabe destacar que aún no se han cumplido dos años de gobierno, lo que ha generado preocupación en la población respecto a la naturaleza y forma de estos delitos.
Por consiguiente, el Observatorio Criminológico Académico y Social, bajo el control social informal, presenta este análisis como una alternativa integral con el propósito de que esta propuesta logre consolidar los esfuerzos de las 13 entidades estatales, cuyas acciones han estado distantes debido a la falta de conocimiento sobre el tema, garantizando que la criminología sea reconocida como una disciplina inclusiva y validada en las políticas públicas.
Tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría Ejecutiva de Política Criminológica durante un año. No obstante, noté que esa Secretaría debería ser un organismo autónomo, fuera del Ministerio de Seguridad, dado que el ministro posee una perspectiva represiva en lugar de preventiva.
Debido a su autoridad, no puede realizar acciones creativas, sino que debe consultar con la jerarquía superior. En ese sentido, es crucial la toma de decisiones para cumplir lo señalado por el ente rector, a través del decreto 260 de 2006, para que pueda gestionar sus propios recursos y tomar decisiones. Este ente debe ser independiente para poder ejecutar las políticas públicas con autonomía y desarrollar planes, proyectos y programas junto a las 10 instituciones del gobierno y los tres organismos que la componen, ya que ya no se planifican estrategias de prevención.
Con ese propósito, se sugiere la elaboración de un manual que contenga un marco integral para que las 13 instituciones con personal idóneo interdisciplinario integren la criminología en sus funciones. Al seguir las etapas de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, se establece una política criminológica aceptable que, en colaboración con los sectores del control social informal, asegura legitimidad, evidencia científica y sostenibilidad en la prevención y control de la criminalidad.
En lo que respecta al diagnóstico criminológico integral, éste permite a cada institución reconocer sus riesgos particulares y la manera en que estos se vinculan con la criminalidad. Esa etapa constituye la fundamentación para elaborar políticas públicas que sean coherentes, aceptables y sostenibles, legitimando así la criminología como una disciplina transversal.El diseño criminológico transforma el diagnóstico en planes específicos, ajustados a cada institución. Ello garantiza que la criminología se incorpore de forma práctica y aceptable, produciendo políticas públicas más efectivas y legitimadas con colaboración por el OCAS y el control social informal.
La implementación criminológica transforma las estrategias en acciones concretas. Cada institución lleva a cabo programas ajustados a su contexto, garantizando que la criminología se incorpore de forma práctica y evidente en la vida social, política y comunitaria.
La evaluación criminológica asegura que las acciones realizadas sean medibles, verificables y sostenibles. Cada entidad debe establecer indicadores claros y herramientas de medición, lo que permite que los sectores del control social informal acepten los resultados y ofrezcan retroalimentación al sistema.
Conclusión
El estudio llevado a cabo por el Observatorio Criminológico Académico y Social demuestra que, a pesar de la implementación de la Ley 328 en 2022 y de los esfuerzos realizados por las instituciones, la política criminológica todavía se enfrenta a limitaciones tanto estructurales como de gestión. La dependencia de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Seguridad ha limitado la innovación y la prevención, favoreciendo enfoques represivos que no abordan la complejidad del fenómeno criminal.
La propuesta de autonomía institucional, junto con un manual integral que conecte a las 13 entidades estatales dentro de un marco interdisciplinario, representa un avance fundamental para validar la criminología como una disciplina transversal en las políticas públicas.
Sólo a través de un proceso sistemático de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, con la participación activa del control social informal, se podrá establecer una política criminológica sostenible, científica y legítima que refuerce la prevención y el control de la criminalidad en el país.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
