(Redacción de Bayano digital)
Cansados de ser ignorados en las instancias oficiales, pacientes que sobreviven con las secuelas del grave envenenamiento con dietilenglicol, cerraron este martes la vía Interamericana, en Divisa, en la provincia de Herrera, al occidente de Panamá.
Los pacientes se sentaron en sillas plásticas colocsdas sobre los cuatro carriles de la carretera, como una medida de presión para obligar al gobierno a que concrete las certificaciones exigidas y garantice la atención expedita a las personas afectadas por el consumo del jarabe contaminado con dietilenglicol.
Diversos medios contactaron a la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, quien aseguró que la protesta es innecesaria, debido a que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha retomado la revisión de los expedientes de quienes aseguran haber sido afectados por el consumo del jarabe con el tóxico incorporado, cuyos casos deben ser vistos por una Comisión Evaluadora.
El envenenamiento masivo ocurrió en 2006, tras el consumo de medicinas adulteradas a través de las farmacias de la Caja de Seguro Social. Inicialmente, fue considerado como una enfermedad atípica (denominado “síndrome de insuficiencia renal” o SIRA).
Al respecto, Pedro Montañez, uno de los afectados por el consumo del dietilenglicol, dijo vía telefónica a Bayano digital, que Cortizo tiene en sus manos la posibilidad de “acabar la pesadilla” de las víctimas del jarabe contaminado, al recurrir a los fondos provenientes de la anualidad entregada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) al Estado.
Adujo que el mandatario prometió en campaña electoral resolver el problema del abandono de las personas afectadas, y que incluso lloró frente a las víctimas, por lo que ahora debería ser más sencillo trazar un camino de soluciones ante un problema de derechos humanos.
Montañez aclaró que las certificaciones de pacientes deben hacerse con seriedad y rigurosidad. No obstante, aclaró que Panamá carece de expertos en toxicología humana, lo que genera un tropiezo en el proceso de evaluación.
Hasta hace poco, había unas 1.069 perdonas registradas como víctimas de la intoxicación masiva con el jarabe contaminado. Pero, 70 de ellas fueron oficialmente descartadas como incapacitadas para recibir un un subsidio vitalicio de 800 dólares mensuales.
Varios grupos han interpuesto demandas contra el gobierno, a causa de la contaminación masiva con dietilenglicol, entre ellos los manifestantes que este martes cerraron la vía Interamericana para demandar respuestas inmediatas a sus reclamos humanitarios.
