Por José Castillo
Muchos son los temas de importancia que son abordados al mismo en la agenda política nacional del 2025, pero con amplia repercusion internacional. Hoy,, es impreciso el abordaje que desde el gobierno se le está dando a cada uno de ellos.
Por un lado, esta lo de la nueva ley de la seguridad social panameña (Ley del SS), que se encuentra en debate en la instancia legislativa, donde se puede aprobar, rechazar e introducirle modificaciones al anteproyecto entregado por el Órgano Ejecutivo, quien a su vez lo defiende, tal cual, porque considera es la tabla de salvación para las calificadoras de riesgos y la salud financiera del país.
Por otro lado, está el tema minero, ampliamente rechazado por gran parte de la ciudadanía por inconstitucional y por el gran daño ambiental de la minería a cielo abierto para las comunidades del entorno y de todo el país. Abrir para cerrar es su consigna, pero, además, hay fuertes presiones de la multinacional minera para la reapertura y el gobierno justifica el retorno de la empresa para activar el empleo y el pago por la concesión al Estado panameño.
Un tercer tema que desde mediados de diciembre viene dando vuelta, es la irrespetuosa declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la retoma del control del Canal de Panamá y la respuesta de la Cancillería panameña, en el sentido de que “cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente, es de Panamá, y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables”.
Se espera que esa sea la misma posición del gobierno nacional cuando arrecien las presiones de Washington. Es costumbre de los gobiernos de turno declarar una cosa y hacer otra. Frente a la Ley del SS, han sido tan contradictorias las declaraciones. Hubo una mesa de escucha (no de diálogo) con el fin de no hacer interminables las discusiones y, al final, fue presentado un anteproyecto al Órgano Legislativo sin tomar en cuenta la posición mayoritaria de los “hablantes”. (Léase todas las organizaciones del movimiento social, asociaciones y gremios). Únicamente, el gobierno tomó como válida la posición de los gremios empresariales.
Luego, inició la discusión en la Asamblea Nacional de Diputados. El presidente José Raúl Mulino se reunió con las bancadas para sustentar el anteproyecto. Sin embargo, hizo declaraciones irrespetuosas contra las organizaciones participantes en la Comisión respectiva y contra los diputados, a quienes acusó de tener “secuestrado” el anteproyecto, por el que no piensa pagar rescate alguno. En otras palabras, vetaría cualquier otra iniciativa.
Pareciera estar claro que el forcejeo frente a la Ley del SS y su aprobación tal cual quiere el gobierno, sería la antesala de la discusión del tema de la reapertura de la mina del cual solo conocemos declaraciones difusas, confusas y contradictorias de funcionarios de MiAmbiente y del sector de los gremios privados.
MiAmbiente descartó primero la existencia de amenazas ambientales en la mina en el distrito de Donoso., en la provincia de Colón. Los trabajos en la mina de cobre están suspendidos desde el 27 de noviembre de 2023, después de que el contrato ley entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A., fue declarado inconstitucional. En la mina, hay almacenadas 130.000 toneladas de concentrado de cobre. Con el aumento de la temperatura al interior de la montaña de concentrado de material cuprífero, hay una verdadera amenaza ambiental.
En días recientes ,se advirtió públicamente sobre el riesgo de 7.960 de toneladas de nitrato de amonio en Donoso. “Hay que sacar este producto de aquí lo antes posible”, dijo el ministro de Ambiente, recordando que el Líbano hubo una explosión con solo una sexta parte de lo que está almacenado en Donoso. Mientras que las autoridades esperan los resultados de una auditoría para definir un proceso ordenado de cierre, no se está claro si se trata del cierre o significa aquel proceso de “abrir para cerrar”. Nadie tiene aún claridad.
Las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, contra el Canal de Panamá, la reforma de la Caja del Seguro Social (CSS), la mina Cobre Panamá y la sostenibilidad fiscal han sido identificadas como los retos y riesgos que enfrenta Panamá este año, según el banco de inversión Morgan Stanley.
Según publicó el diario La Prensa, Morgan Stanley señaló que, a corto plazo, la posibilidad de una emisión de eurobonos, estimada en un mínimo de $2,500 millones, podría no ser tan exitosa como las registradas en 2023, si se ejecuta antes de que haya claridad sobre la reforma de la CSS.
Otro factor negativo es que no se logren resultados positivos en las negociaciones con la empresa minera, lo que provocaría rebajas adicionales a la categoría de alto riesgo en la deuda panameña durante el primer semestre de 2025.
Por último, pero no menos importantes son las amenazas y comentarios del presidente Trump y sus f equipos sobre el Canal de Panamá, que podrían representar riesgos para la relación entre Panamá y Estados Unidos, según el banco.
En la década de 1970, el general Omar Torrijos lanzó desafíos hacia lo interno, al promover la unidad de todos los sectores sociales sumados a las transformaciones políticas y sociales;. En el ámbito externo, la internacionalización de la causa panameña (el tema de las relaciones Panamá-Estados Unidos) para la recuperación del territorio nacional, la transferencia del Canal, el retiro de la tolda colonial y la administración de la vía acuática.
Internamente, el gobierno panameño enfrenta desafíos, pero sin promover consensos ni diálogos. Asimismo, carece de definiciones de hacia dónde gira su política exterior con el nombramiento de un servicio diplomático de improvisados que ni siquiera saben dónde está la provincia de Darién.
