Sobreseimiento en el PAN favorece la impunidad
Con indignación, pero sin sorpresa, fue recibida la noticia: el juez Loaiza dictó un sobreseimiento definitivo y levantó las medidas cautelares a ex miembros de la Junta Directiva del PAN y a empresarios, por la compra-venta de comida deshidratada. En ese fallo, el juez sostiene que la Fiscalía no presentó “elementos contundentes de vinculación”, ni sustentó los cargos presentados contra los imputados.
La transacción y favorecimiento a varias empresas elegidas fue ordenada, según el ex director de la institución Giacomo Tamburelli, por el ex presidente Ricardo Martinelli, con la intermediación de su secretario privado, Adolfo “Chichi” De Obarrio.
El sobreseimiento judicial de los implicados en la compra con fondos del Estado de comida contaminada, es la antesala de la impunidad y debe ser interpretado como una burla a la Justicia.
Es un acto inexcusable, que los ministros, directores, diputados y demás integrantes de la Junta Directiva del PAN argumenten que seguían órdenes superiores, y que aprobaron el proyecto y firmaron las actas para no contradecir al presidente de la República.
Lo único rescatable en sus declaraciones, es que reconocen que eran conscientes de una operación ilícita e inconveniente, por la lesión patrimonial que involucraba el sobrecosto. Confesaron que era algo moralmente inaceptable, porque con ese negociado se traficaba con el hambre de los niños de las comunidades más pobres del país.
¡Ellos, los directivos del PAN, renunciaron a su deber de administrar los bienes del Estado como un bien “pater familias”!
Para Bayano, la debilidad del caso presentado por la Fiscalía, marca la hoja de ruta de las inmunidades selectivas. Ya irán sobreseyendo, “por falta de elementos de convicción”, el uso de fondos públicos, provenientes los programas sociales como PAN y AMPYME, por ejemplo, para financiar el transfuguismo y la campaña de candidatos oficialistas y de la oposición tarifada, en las pasadas elecciones.
Asimismo, serán sobreseídos los ministros, funcionarios y empresas involucrados en proyectos de inversión por más de 13.000 millones de dólares, que se adjudicaron durante el quinquenio Martinelli. La lesión patrimonial es mencionada en el informe técnico que presentó a inicio de año el diputado oficialista José Antonio Domínguez, en el que se detallan sobrecostos por un 38% en la ampliación de la Autopista Arraiján-La Chorrera.
Seguramente, no serán investigados los sobrecostos en la Línea 1 del Metro de Panamá, que fueron denunciados en maro de 2014 por el ingeniero Nicolás Real, presidente de la Comisión Vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). El dirigente de ese organismo técnico sostuvo que “hay sobrecostos” en la obra. Los trenes suministrados por Alstom a Panamá, son del mismo tipo que los del Metro de Santo Domingo. Allá se gastó 2,1 millones de dólares por vagón, mientras que en la capital panameña el monto fue de 4,6 millones (más del doble).
Los directivos y oficiales de cumplimiento de una docena de bancos de la localidad, entre ellos los del Banco Universal, también serán sobreseídos, aunque está documentado que permitieron operaciones que encajan en la definición de “blanqueo de capitales”, debido al manejo de depósitos bancarios que provienen de delitos cometidos contra la administración pública.
Sin duda, la falta de pericia de los fiscales para presentar los casos de corrupción ventilados en los tribunales, augura una inusitada mejoría de la salud de los imputados, a partir del sobreseimiento y el levantamiento de las medidas cautelares emitidas por los jueces.
Ante las denuncias mediáticas y reiteradas promesas de que se investigaría “caiga quien caiga”, sólo queda como premio de consolación la “condena prepago” de algunos funcionarios y empresarios, solicitada por el Ministerio Público para resarcir a la sociedad por el daño de la “megacorrupción” promovida por el clan empresarial del hombre que un día proclamó: “¡soy rico… no necesito robar un fucking real!”
