La elección presidencial de uno de los seis candidatos del movimiento popular y social a la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), es, sin duda, un paso político importante en la lucha patriótica y en el proceso de acumulación histórica dirigido a concretar la urgente e inaplazable democratización de ese organismo canalero, que decide el futuro y el norte de la vía acuática.
Sin embargo, en los últimos días, ha surgido una campaña sucia, áspera y malintencionada para tratar de impedir que el profesor Luis Navas —cuyo hermano fue asesinado por defender la soberanía de Panamá sobre el territorio ocupado— sea ratificado en el cargo por la Asamblea Nacional. La campaña de descrédito contra el aspirante popular a la Junta Directiva de la ACP pretende convencer a la población el falso argumento de que sólo gente elitista vinculada a los negocios merece administrar la vía interoceánica.
El desafío planteado por los detractores obliga a los movimientos sociales a mantener la coordinación vigente y rechazar a la corriente retrógrada que busca infundir miedo y subordinar a la Junta Directiva de la ACP a los dictados de poderosos grupos económicos y empresas navieras que lucran con el paso de enormes buques a través de la franja canalera, recuperada por Panamá el 31 de diciembre de 1999.
El acceso de Navas a la instancia de Dirección de la ACP implica generar un sano y juicioso balance en un organismo cooptado por grupos de mercaderes codiciosos y magnates sin escrúpulos que ven al Canal como una especie de caja registradora para facturar y hacer fortunas, dejando en el cesto de la basura las historias de heroísmo del pueblo valeroso que recuperó la vía acuática y sus extensas áreas ribereñas vulneradas, que son vitales para el diseño de una estrategia de desarrollo humano y social.
Es importante entender que hoy los panameños están a un paso de empezar a escribir un nuevo capítulo de dignidad en el Canal de Panamá, y que la verdadera paz social de este país debe ser congruente con el cumplimiento del mayor uso colectivo posible de los bienes canaleros, que no son un botín, sino parte del patrimonio nacional inajenable.
Cada uno de los seis aspirantes populares propuestos para acceder a los tres cargos disponibles este año en la Junta Directiva de la ACP, posee los atributos morales, los méritos humanos y profesionales para asumir con gallardía y determinación esa gran responsabilidad. Los seis nominados son garantía de honestidad y rectitud, y de protección del legado soberano. Cada uno de ellos, ha jurado defender la soberanía, la eficiencia y la neutralidad permanente del Canal abierto a la navegación mundial.
