Denuncian torturas contra colaboradores del gobierno de Martinelli
- Abogados expresan decepción en el sistema de justicia y aducen que en Panamá los fiscales han incurrido en “abuso de autoridad”, en contra de ex funcionarios. Sin embargo, evitaron referirse a los casos penales que enfrenta el ex presidente Ricardo Martinelli.
(Redacción de Bayano)
Abogados de la defensa y familiares de ex funcionarios de gobierno del presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) denunciaron torturas y violación de los derechos humanos en contra de los detenidos en Panamá, pero los señalamiento fueron desmentidos por el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera.
Maricel Mulino, esposa del ex ministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, afirmó que su cónyuge permanece en aislamiento confinado en una pequeña celda en la sede de la Policía Nacional, en “condiciones inhumanas”, lo que ha empeorado una antigua dolencia que amenaza con dejarlo inválido. A ello se debe el reiterado pedido de dejarlo en libertad inmediata.
El ex ministro está afectado por una contractura lumbosacra, que le ha provocado disminución del tono muscular en extremidades inferiores, por lo que solicitó a organismos de derechos humanos que intercedan, revela un informe médico.
La Señora Mulino manifestó que la forma en que ha sido confinado su esposo, en una celda de espacio reducido en la Policía Nacional, “es un manera de aislarlo y torturarlo mentalmente” y “poner en riesgo su vida”, por lo que ha solicitado la rápida intervención de organismos humanitarios.
Mulino fue acusado de suscribir un contrato doloso para la adquisición de radares suministrados por la empresa italiana Finmeccanica, que posteriormente alcanzó un arreglo con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, para la entrega de equipos de uso policial en el combate al narcotráfico.
El grupo de la defensa sostiene que si Varela reconoció la validez el acuerdo con Finmeccanica, es porque “nunca hubo irregularidades en el contrato suscrito”, y Mulino debería ser liberado de una “detención ilegal” decretada en su contra. Ello sería un argumento a favor del detenido, pero la fiscal del caso, Zuleyka Moore, estima que ese hecho no es necesariamente vinculante.
Otro de los detenidos, Alejandro Garuz, ex director del Consejo de Seguridad Nacional, fue sometido a una cirugía del corazón, luego de ser arrestado y acusado de “escuchas telefónicas ilegales” y “violación de la intimidad” de los ciudadanos, durante el gobierno de Martinelli. Sus familiares han responsabilizado al Ministerio Público de lo que pueda ocurrirle.
Al respecto, el ex procurador general y coordinador de la defensa de los ex funcionarios detenidos, Rogelio Cruz, señalo que no ha sido descartado el recurso de interponer denuncias contra el Estados panameño ante los organismos hemisféricos e internacionales, por la “violación de derechos humanos” y medidas represivas.
Los abogados y familiares y abogados evalúan solicitar la asistencia de la Cruz Roja Internacional y la Media Luna Roja, que tuvieron una participación destacada en la supervisión de tripulantes del buque norcoreano Chong Chong Gang, detenidos en Panamá en julio de 2013, por ocultar a bordo del barco un cargamento de armas militares cubanas cubiertas de un cargamento de azúcar.
“El sistema de justicia penal en Panamá ha colapsado desde la cabeza hasta los pies”, aseveró Cruz, tras señalar que este país requiere una Corte Suprema en la que los jueces no le deban favores a un superior, para que cese el abuso de la “detenciones preventivas” autorizadas por fiscales que violan las leyes.
Indicó que “la procuradora general, Kenia Porcell, está en la obligación de advertir a sus fiscales que “están abusando de la detención preventiva y de la acción penal”, lo que convierte al Ministerio Público en un “ente violador de derechos fundamentales de munchos panameños”.
Cruz aseveró que “ninguna de estas detenciones preventivas cumple los estándares internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, y ese hecho debe ser denunciado.
Al respecto, el abogado Cristóbal arboleda manifestó que muchos procesos instaurados contra ex funcionarios del gobierno anterior han surgido de campañas periodísticas, lo que puede ser descrito como “Justicia mediática”, que se traduce en “Justicia selectiva”.
Previamente, el presidente Juan Carlos Varela negó que en su gobierno sean violados de los derechos humanos. Añadió que en su administración serán combatidos duramente los delitos de corrupción y malversación de fondos públicos.
