Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El coordinador del Frente Jurídico de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, el jurista Antonio Vargas, denunció hoy la fractura del Estado de Derecho en Panamá, a causa de la instauración de un modelo represivo inconstitucional que reúne a malos policías y a elementos cómplices dentro del Ministerio Público.
En una conferencia de prensa, el abogado repudió las órdenes arbitrarias de arresto dictadas por el Órgano Ejecutivo contra dirigentes de organizaciones populares que ejercen el legítimo derecho a la protesta y exigen un sistema de seguridad social efectiva en este país.
Aclaró que lla ”persecución sindical” y las ”acciones violentas, injustificadas y represivas han vulnerado el derecho a huelga previsto en el Artículo 69 de la Constitución de la República”.
En las actuales circunstancias, estimó que “todo el que ejerce el derecho a huelga está sujeto a que la Policía Nacional ejerza sobre ellos una acción violenta e injustificable, sin fundamento de carácter jurídico”, lo que equivale a una aberración en el ámbito de la justicia.
Añadió que ”es la Policía Nacional quien reprime y la que acusa”. Ese procedimiento irregular permite al Ministerio Público actuar en perjuicio de los manifestantes y someterlos a un proceso por “atentar contra la seguridad colectiva”, sin que esos casos pasen por la vista de un juez comunitario.
Vargas recordó que todo ciudadano tiene derecho a no ser detenido sin orden escrita de autoridad competente y a exigir copia de dicha orden”, y a no permanecer detenido por más de 24 horas sin ser puerto a órdenes de la autoridad competente. Sin embargo, advirtió que esos principios de la justicia han sido vulnerados y burlados.
Las acciones de los abogados defensores han permitido concretar la libertad de más de mefio centenar de trabajadores de ka construcción y docentes detenidos, pero aún prosiguen las detenciones en distintas ciudades de Panamá
En ese sentido, denunció la detención del abogado y docente universitario Gilberto Solís y del activista indígena Kevin Sánchez, quien fue arrestado en su vivienda en la comunidad de Pacora, al este de la capital panameña, sin que se sepa su paradero.
Vargas manifestó que las centrales obreras exigirán a la Corte Suprema de Justicia las garantías constitucionales, la libertad de todos presos políticos y recurrirán a las instancias jurídicas internacionales en defensa del Estado de Derecho.
