¡Cuidado! Neutralidad ante todo
Daniel Delgado-Diamante*
En septiembre pasado, viajamos a El Salvador. En ese momento en los círculos de seguridad se discutía la calificación legal de “Terroristas” a los miembros de las famosas organizaciones criminales “Mara Salvatrucha” y “Mara (Barrio) 18”. Las mismas, con más de 50 000 miembros activos en ese país, lo han convertido en uno de los más peligrosos de Latinoamérica, poniendo en grave riesgo los derechos fundamentales de la población salvadoreña.
El debate consistía en determinar y decidir cómo enfrentar a las maras: como criminales y delincuentes, aplicándoles medidas de prevención, persecución, juzgamiento y encarcelamiento que, según las leyes vigentes, oscilan entre 50 y 60 años de cárcel, o combatirlos como terroristas y, en consecuencia, con su exterminio total. “Contra el terrorismo no hay términos medios y jamás políticas de apaciguamiento; estamos convencidos y decididos en ganar la guerra contra la delincuencia y el crimen organizado”, declaró el fiscal general de El Salvador.
No obstante, percibimos muchas dudas de los expertos en seguridad: estaban frente a la perspectiva de iniciar un nuevo conflicto armado interno, cuyo resultado podría significar muchas más pérdidas de vidas que las 70 por cada 100 000 habitantes por año, que fallecen actualmente producto de acciones de las maras. Ahora, sus jefes, miembros, colaboradores y financistas, quedaron comprendidos dentro del concepto de “terroristas”, independientemente de sus fines y medios. Las maras realizan atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la ya agobiada población salvadoreña.
Traemos esto a colación, por el gran debate que se ha desarrollado en Panamá, producto de la decisión del gobierno nacional de incorporar a nuestro país en la Coalición Internacional que ha desatado una ofensiva militar contra el Estado Islámico (EI) en Irak y Siria principalmente. Hace dos semanas EI perpetró criminales actos terroristas en la capital de Francia y en ciudades de otros países, matando despiadadamente a cientos de víctimas inocentes e hiriendo a muchas más.
La reiteración reciente de nuestra participación en la Coalición, originó más rechazo que aprobación de los panameños. Y las explicaciones y justificaciones dadas produjeron más preguntas que respuestas. No se nos malinterprete. Creemos que todo acto terrorista debe ser condenado, provenga de donde provenga, y tenga las características y objetivos que tenga. Son actos de barbarie terrorista reconocidos así y condenados sin ambages por la comunidad internacional. Pero ir a meter la cara en donde reparten bofetadas, nos parece una decisión innecesaria y que excede nuestra capacidad contra EI y la responsabilidad como parte de la Coalición, cuyo contenido fundamental es eminentemente militar.
Las actividades terroristas son tan complejas y múltiples que aún es difícil clasificarlas a partir de características específicas que existan en todos los casos. En nuestros ámbitos de responsabilidad, se reconoce que en la actualidad numerosos grupos terroristas persiguen, además de metas políticas o religiosas, un fin de índole financiero. Así, se han identificado vínculos entre diversas actividades económicas ilegales (narcotráfico, comercio de armas, lavado de activos, tráfico de personas) y diversas agrupaciones terroristas. Esa es realmente, hasta ahora, nuestra amenaza de parte del terrorismo internacional.
La resolución 1373 de las Naciones Unidas, de 28 de septiembre de 2001, instó a los Estados Miembros a reforzar su capacidad jurídica e institucional para, además de tipificar la financiación del terrorismo como delito, obligar a congelar los fondos de quienes participen en la comisión de actos terroristas; denegar apoyo financiero a grupos terroristas; intercambiar información y cooperar con otros Gobiernos para investigar, detectar, arrestar, extraditar y enjuiciar a personas que participen en la comisión de dichos actos.
Entendemos que el rol que se impuso Panamá al inscribirse en la Coalición, fue combatir el Financiamiento del Terrorismo. El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de 9 de diciembre de 1999, busca precisamente este objetivo. Para ello no era necesario pertenecer a la mentada Coalición. Panamá aprobó la Ley 50 de 2003 que incluyó todo un capítulo sobre Terrorismo en el Código Penal. Por su parte, la Ley 23 de 2015, fortaleció la prevención del blanqueo de capitales y del financiamiento del terrorismo.
Sabido es que Panamá, por su Canal y otras infraestructuras, aún sin pertenecer a la Coalición, es un blanco estratégico y rentable para el terrorismo internacional. Nada que hagamos debe ponernos en riesgo. Después de la decisión adoptada, más nos vale que en adelante actuemos con prudencia y mentalidad de neutralidad. Y de paso, se tomen acciones efectivas para garantizar la seguridad pública de los panameños.
*El autor de este artículo es abogado.
