UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DECANATO
CARTA ABIERTA AL PAÍS
Los profesores de la Universidad de Panamá expresamos una profunda preocupación ante la ciudadanía por las informaciones publicadas sobre el establecimiento de un Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN) en Panamá. Este Centro ha sido acordado mediante un Memorándum de Entendimiento entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América y se espera que se inicie durante el primer semestre del presente año (2021).
La Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) integrarán el CROAN, el cual estará ubicado en la Base del Comando General del SENAN. Según lo que ha trascendido este centro tiene por objetivo aumentar las capacidades de las fuerzas panameñas, así como servir de plataforma de coordinación y de intercambio de información para la región.
El 10 de diciembre de 2020, el Almirante de la Marina de los EE. UU. Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM, en inglés), visitó las instalaciones del CROAN e indicó que el centro recibirá el apoyo de los EE. UU. Los EE. UU. apoyarán con equipos de comunicación, tecnología y seguridad; con adiestramiento y asesoría a las unidades panameñas y donará lanchas rápidas.
Además el centro se beneficiará del apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (JIATF Sur) de SOUTHCOM. Igualmente, Panamá mantendrá de forma permanente un oficial enlace en la sede del JIATF Sur en Key West, Florida, para facilitar la comunicación y las coordinaciones.
Por otra parte, Estados Unidos está conformando la Fuerza Marítima Conjunta Panamá (FMC-P) con el SENAN. A partir del mismo memorando de entendimiento entre los dos países, se somete la soberanía y el control de los agentes del SENAN que participen de las operaciones marítimas comunes, a lo que decida su contraparte estadounidense. Todo esto se pretende justificar como estrategia para derrotar al narcotráfico.
Los Estados Unidos parece insistir en sus pretensiones de instalar bases militares en Panamá con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, desconociendo el compromiso contractual adquirido en el Tratado de la Neutralidad Permanente del Canal y Funcionamiento del Canal de Panamá. Este Tratado es sumamente claro al afirmar en su artículo V:
“Después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional”.
Este no es el primer intento disfrazado para el restablecimiento de bases militares. Ya se intentó con el fracasado Centro Multilateral Antidroga (CMA). Con este antecedente, pareciera que el CROAN es un nuevo intento de militarización del país, disfrazada de la lucha antinarcótico y contraviniendo el cumplimiento de los compromisos internacionales de EEUU con Panamá.
Por otra parte, el artículo 310 de la Constitución de la República de Panamá dice en su primer párrafo: “La República de Panamá no tendrá ejército. Todos los panameños están obligados a tomar las armas para defender la independencia nacional y la integridad territorial del Estado”.
Ambas normas jurídicas traducen que la República de Panamá no tiene fuerzas armadas, y mucho menos puede tener ejércitos extranjeros en su territorio. Las normas no establecen excepciones de tiempo o lugar, ni de permanencia o temporalidad.
La creación del CROAN y de la FMC-P se han hecho sin cambiar una sola ley ni consultar a la Asamblea Nacional y en total opacidad y falta de transparencia. Este es un tema que choca directamente con la naturaleza misma de un Estado desmilitarizado, aunque ha existido un consenso de las élites políticas panameñas desde el año 2000, a ceder cada vez más poder a los cuerpos uniformados, y a la interacción directa de Estados Unidos con estos.
Se ha utilizado la figura de Memorandos de Entendimiento con el pretexto que los mismos siguen trámites administrativos, que no implican la consulta a las instancias a las que les correspondería decidir y mucho menos implican la consulta popular.
Se argumenta que no son vinculantes desde el punto de vista del Derecho Internacional, desconociendo que todo intento de remilitarización del país por tropas extranjeras constituye una violación a acuerdos internacionales firmados entre nuestros dos países y por ende viola el derecho internacional.
Por otro lado, es preocupante el hecho de que todas las transformaciones de los cuerpos de seguridad panameños, ocurridas en los últimos 20 años, se han ejecutado sin mayor control civil. La ciudadanía panameña cada vez conoce menos lo que hacen los organismos de seguridad nacionales y mucho menos conoce ni tiene los mecanismos para monitorearlos, exigir la rendición de cuentas y decidir como sociedad si queremos activar un ejército. Esa es una decisión irrenunciable del pueblo panameño y, por ende, no puede abordarse en la forma subrepticia en que pareciera estar ejecutándose.
Casi un siglo le tomó al pueblo panameño la recuperación del Canal, el desmantelamiento del enclave colonial que incluía un andamiaje de 14 bases militares en la antigua Zona del Canal y recuperar la soberanía nacional sobre todo su territorio. Esto se logró con la firma y ejecución de los Tratados Torrijos Carter del 7 de septiembre de 1977, el cual sustituyó la perpetuidad por un lapso de 23 años para alcanzar el anhelado objetivo de la soberanía total y el grito popular de casi un siglo: ¡BASES NO!
Por lo antes expuesto, los firmantes desaprobamos en forma y fondo el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la creación y apoyo del CROAN y la Fuerza Marítima Conjunta – Panamá (FMC-P) que constituye un nuevo intento para el establecimiento de bases militares extranjeras, sean estas permanentes o temporales, porque atentan contra la política de neutralidad pactada en 1977 y colocan a Panamá y a su ciudadanía en riesgo ante conflictos mundiales.
Los Tratados Torrijos-Carter de 1977 estableció la neutralidad efectiva del Canal de Panamá que constituye un arma de defensa tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Es la condición que asegura que la vía acuática permanezca abierta y segura permanentemente para facilitar las comunicaciones y el comercio mundial.
01 de marzo del 2021.
