Clases virtuales. ¿Quién paga la data?

La formación académica de los estudiantes no solamente está en las manos de los docentes, la responsabilidad inicial recae en el Estado; el cual, debe propiciar las condiciones óptimas para ello.

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Clases virtuales, quién paga la data?

COMUNICADO AL PAÍS

 BRIGADA DOCENTE PANAMEÑA

El Gobierno ha usado los fondos del Estado, que según el presidente son finitos, para gastarlos en publicidad y aparentar o simular que han hecho lo necesario para el reinicio del año escolar.

La Ministra de Educación da reapertura al año escolar, sin contar con data de docentes y estudiantes conectados; fuera de eso, amenaza con recortar salarios a los docentes que no estén conectados, sin contar con esa data. Por lo que, denunciamos que el Gobierno está impulsando claramente la represión salarial, preparando la “quiebra del Estado”; y así, culpar como siempre a los docentes de lo que no se pueda lograr en el desarrollo de las alternativas de enseñanza planteadas.

La realidad de este reinicio de clases es que no contamos con la conectividad requerida y la poca que existe, es de mala calidad. La población no puede adquirir Internet fija, de igual manera por celular; ya que, la mayor parte de la familia panameña no tiene los recursos debido al desempleo y a la suspensión de contratos laborales. Por otra parte, las clases a través de medios de comunicación sólo son posibles donde se cuenta con energía eléctrica (televisión y radio). Las guías, módulos o cuadernillos aún no han sido distribuidos por el MEDUCA.

Este escenario refleja claramente que el reinicio del periodo escolar 2020, no es tal, ya que, estudiantes a nivel nacional no tienen acceso a los requerimientos necesarios para que se lleva a cabo el mismo.

Condiciones de educabilidad

Ante esta negación de condiciones de educabilidad, en medio de la pandemia nos preguntamos qué y cómo puede trabajar el educador panameño en un país donde hay comunidades o regiones donde no existen las herramientas citadas.

Falta de un plan para atender la crisis sanitaria

La Comunidad Educativa panameña se encuentra ante el escenario de una pandemia, que ha traído a nuestro país muerte y diversas afectaciones mucho más profundas de las ya existentes; por el abandono de los distintos gobiernos; que hoy día, nos obliga a expresar nuestra inconformidad con los protocolos empleados para la atención brindada a las personas contagiadas, principalmente las de escasos recursos; lo que evidencian la falta de un verdadero plan de atención a la crisis sanitaria, afectando la economía panameña con repercusiones psico-sociales y afectivas, por lo que, es importante reconocer que como trabajadores de la educación tenemos funciones, deberes, pero de igual manera ,derechos.

La formación académica de los estudiantes no solamente está en las manos de los docentes, la responsabilidad inicial recae en el Estado; el cual, debe propiciar las condiciones óptimas para ello; responsabilidad que en estos momentos no se está cumpliendo, en la educación a distancia, como lo ha planteado inicialmente, el MEDUCA.

Condiciones de conectividad 

La necesidad de llevar a cabo de alguna manera la educación al estudiantado panameño, a través de modalidades como a distancia (virtual), semipresencial y presencial, determinadas por el Ministerio de Educación, es muy difícil de concretar porque ningún gobierno incluyendo el actual, ha llevado a cabo políticas públicas para generar las condiciones de conectividad y acceso a la tecnología requerida para la implementación educativa a distancia, independientemente de las condiciones socioeconómicas de las familias. Por otra parte, las infraestructuras deterioradas para aplicar medidas de bioseguridad o protocolos en el aspecto sanitario, así como la poca inversión en insumos educativos, entre otras carencias agravadas en pandemia, limitan el desarrollo alguna alternativa de enseñanza semipresencial y presencial.

Para los docentes, los recientes lineamientos, normativas y los documentos que ha generado el Ministerio de Educación en pocos días, son algunas pautas, pasos o directrices, con el fin de llevar a cabo las alternativas educativas planteadas, con las carencias que ya conocemos, sin embargo, lo más importante es ser comprensivos y empáticos con la situación socioeconómica y psicoafectiva de la familia panameña.

Servicios de Internet autofinanciados

De igual forma las autoridades educativas, deben comprender que la modalidad virtual no puede ser estricta para docentes y estudiantes; ya que, dependemos de los servicios de Internet que existen mediante algunas compañías telefónicas y que son autofinanciadas, que hemos puesto a disposición del Sistema Educativo, ya que, el Estado no los provee, “por lo que, no caben las amenazas y sanciones hacia las y los docentes, estudiantes y padres de familia, al no poder conectarse en un momento determinado”.

Más allá de las conferencias o entrevistas, no se ha cumplido con la comunicación formal a la comunidad educativa a través de documentos oficiales, por lo que la información no llega con claridad a la sociedad panameña, en la publicación de las directrices o lineamientos. Una comunidad educativa preocupada por el futuro de la educación de sus hijos, pero que, además, vive en condiciones mucho más precarias y difíciles que antes de la pandemia, al no tener empleo, con grandes limitaciones para obtener alimentos y acceso a los servicios básicos, es decir, limitaciones económicas, que le impide social, psicológica y afectivamente asumir nuevos desafíos que exige la educación, en estos tiempos de pandemia.

Todo esto vislumbra un escenario en el que no habrá posibilidad de concentración y de tranquilidad en los hogares panameños para poder llevar a cabo cualquiera de las alternativas enseñanza, por lo que, es necesario que unamos los esfuerzos, dentro de un ambiente de compresión entre los participantes, del proceso educativo como lo son: los estudiantes, los padres de familia y los docentes. Las autoridades tienen el compromiso de afianzar su comunicación para aclarar el panorama necesario en el desarrollo de este reinicio escolar y dotar de los recursos indispensables para ello y así evitar más obstáculos y desigualdades.

Derecho que no se defiende, derecho que se pierde.

 

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