Por Virgilio Cerrud A.
Sociólogo / Docente universitario y miembro del Colectivo Bayano
Colón celebra 173 años de su fundación. Desde el inicio, la población de esa altiva ciudad se ha caracterizado por su rebeldía frente al despojo, el saqueo y la corrupción que identifica a los sectores oligárquicos y a la burguesía parasitaria del pasado y del presente que gobiernan hoy.
Desde el período colonial, Colón fue supeditada al modelo transitista. La construcción del ferrocarril transístmico y la posterior construcción del Canal de Panamá, por los norteamericanos, contribuyeron a la consolidación del transitismo en la región del Caribe.
Sin embargo, ese modelo económico y político impuesto nunca contribuyó al bienestar de la población pobre. Sólo sirvió a la burguesía ligada a la actividad terciaria de la economía, que sacó provecho y ventajas de esa actividad generadora de riquezas.
A 173 años de la fundación de la ciudad de Colón, la población se encuentra en un callejón sin salida. Los colonenses se debaten entre la ausencia de un verdadero programa de gobierno provincial y la pérdida derechos humanos.
Es un hecho notorio que las autoridades provinciales, distritales y locales están huérfanas de un proyecto que contribuya al desarrollo efectivo. Los grupos económicos que ejercen el control de la ciudad, son los mismo que promueven la aprobación del proyecto de Ley 163, de reformas a la seguridad social, para privatizar el fondo de pensiones y entregar las reservas de la institución a administradoras privadas.
La iniciativa oficial está ligada a un plan dirigido a la reapertura de la minería a cielo abierto en el subsuelo panameño, la construcción de un embalse de río Indio y el despojo del patrimonio de las áreas revertidas de la vía interoceánica.
En 2023, fue aprobado y sancionado el Plan de Desarrollo Integral de Colón (Ley de la República), que fue elaborado con la participación de las fuerzas sociales y un sector de la empresa privada. Planes como esos, que buscan el desarrollo de Colón con la participación de comunidades, municipios e instancias administrativas, no cuentan con el aval del gobierno provincial debido a que no llevan el sello mercantil del “enlatado” oficial.
A173 años de la fundación de la ciudad de Colón, es imposible guardar silencio frente a la arremetida del gobierno del ultraconservador inquilino de la Casa Blanca en Estados Unidos. Asimismo, hay que advertir la subordinación del gobierno de Panamá a las exigencias de Washington, que aspira a controlar la vía interoceánica, los puertos y la seguridad en la apartada provincia de Darién.
De lo anterior se coligen tres tareas fundamentales que deben ser asumidas por el movimiento popular:
1. Rechazar las pretendidas reformas a la CSS, impulsadas por la administración gubernamental.
2. Enfrentar desde los movimientos sociales las injerencias del inquilino de la Casa Blanca, quien pretende poner de rodillas al pueblo panameño para apropiarse del control del Canal, los puertos e instalar una base aérea en Darién.
3. Abrir un amplio debate de discusión para divulgar y ampliar el marco de conocimiento del Plan de Desarrollo Integral de Colón.
Es necesario movilizarse unitariamente en la defensa de la patria amenazada y de los principios soberanos que inspiraron a los mártires de la gesta soberana emprendida en enero de 1964.
¡Un solo territorio y una sola bandera!
¡No a la privatización de la CSS!
¡No a la reapertura de la minería metálica!
¡No al embalse de río Indio!
