Las cárceles de Panamá están repletas de jóvenes provenientes de hogares disfuncionales y expulsados del sistema educativo. La mayoría proviene de barrios violentos, donde pandillas vinculadas al narcotráfico han encontrado refugio y mecanismos para sobrevivir y crecer. Algunos analistas reconocen que en esos centros, donde el crimen organizado tiene cuotas de poder asignadas, es imposible la rehabilitación de los reclusos.
El andamiaje represivo tiene su origen en una concepción de poder y castigo, que libera de culpas a los poderosos y reserva el infierno para los que atenten contra el modelo que sustenta a las clases poderosas. Sin embargo, a lo largo del tiempo esa concepción ideológica troglodita, de reprimir para infundir miedo a los súbditos, terminó por convertirse en un boomerang, porque quienes abandonan la cárcel tras cumplir sus sentencias, regresan a la calle nutridos odio, sevicia y sed de venganza contra la sociedad.
El hecho de Panamá tenga 411 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, la tercera tasa más alta de Latinoamérica, no equivale a algún galardón, De hecho, uno de cada 90 hombres en este país está preso, cuando bien podrían estar en una universidad, en una sala de conciertos o una pinacoteca. De allí, surge una pegunta obligatoria: ¿por qué no están en un escenario de cultura, sino confinados en un antro, en el que abundan las enfermedades transmisibles, y la violencia verbal y física del presidiario?
La respuesta es cada vez más clara e irrefutable; porque son pobres abandonados, víctimas de un sistema corrupto y represivo, descrito como una Justicia pre pago, que favorece a las personas con caudal, sin que importe mucho que crímenes cometieron, y somete a los desfavorecidos a un infierno, de golpes, gritos, abusos y vergüenza, mientras los grupos económicos se aprovechan del erario público. No cabe duda alguna: Panamá es un país fracasado en materia penitenciaria, que no pasa la prueba en derechos humanos.
Al reprimir con rigor en los zaguanes y casas de vecindad, o en los cordones de miseria en la periferia metropolitana, el Estado ha repetido el antiguo procedimiento de empujar más a jóvenes desorientados a los brazos de los criminales. Sin un programa sostenible de prevención integral, las autoridades no sólo no resuelven el problema, sino que lo agravan, y transforman a las cárceles infrahumanas en universidades de la criminalidad.
Naciones Unidas ofreció al gobierno panameño apoyo para el desarrollo de una estrategia de reforma penitenciaria integral, para que sea ventilado con prioridad el hacinamiento penitenciario, la gran población de personas en prisión preventiva, la falta de capacitación al personal y las violaciones a los derechos humanos, y el ultraje a quienes no cuentan con protección detrás de los barrotes en celdas de pabellones sobrepoblados.
Cárceles como La Joya y La Joyita, en la Ciudad de Panamá, han recibido miles de libros en donación, para elevar la lectura entre los internos, y para cambiar la idea de que es más fácil introducir en esos centros de reclusión un arma, que un almanaque. Hay, además, un intento de establecer el mejor perfil de selección de custodios. Sin embargo, esos cuidadores de cárceles educen estar mal pagados y amenazan con realizar protestas para exigir reivindicaciones.
El sistema carcelario de Panamá es un asco y quienes lo promueven la creación de depósitos humanos son gente verdaderamente asquerosa. No hay otra forma de describir ese mundo infame que se esconde del escrutinio público.
