Por Rogelio Mata Grau
Docente y especialista en Ciencias Sociales
La masacre de 1964 no fue un exceso ni un accidente, sino la respuesta violenta de un régimen imperial sostenido por armas, racismo y complicidades internas. Desde las balas del ocupante hasta los discursos que criminalizaron a los mártires, el 9 de enero marcó la ruptura histórica que hizo posible el proyecto torrijista y que hoy sigue interpelando a Panamá frente a nuevas formas de subordinación.
El 9 de enero de 1964 marcó el instante histórico en que el consenso colonial que sostenía la presencia estadounidense en Panamá se quebró de manera irreversible. Aquellos sucesos no fueron el resultado de una protesta episódica en la defensa de una bandera, sino una irrupción anticolonial que desnudó la naturaleza real del orden canalero: un régimen de dominación política, racial y simbólica.
La respuesta del poder imperial fue inmediata y brutal. Las tropas estadounidenses dispararon contra civiles panameños. En términos de Frantz Fanon, los hechos acaecidos confirmaron que el colonialismo no dialoga cuando el colonizado exige dignidad: responde con violencia organizada.
En la memoria histórica panameña persiste la versión atribuida al mando militar estadounidense, de que se habría reprimido a los manifestantes con “bala para cazar patos”. Más allá de la comprobación literal de la frase, su valor político es incuestionable. Condensa la lógica colonial de deshumanización: la vida del colonizado no merece duelo ni responsabilidad. No fue un exabrupto retórico, sino del lenguaje estructural del imperio, que convierte la masacre en incidente menor y a los muertos en daños colaterales. En ese caso, operó lo que Aníbal Quijano definió como colonialidad del poder: una jerarquía racial que decide quién puede matar y quién puede morir sin consecuencias.
Pero el colonialismo no se sostiene sólo con fusiles. Como explicó Antonio Gramsci, toda dominación duradera necesita hegemonía: consentimiento, legitimación moral y control del sentido común. El 9 de enero de 1964 reveló, además, ese plano incómodo. El 12 de enero de 1964, durante las exequias en la Catedral Metropolitana, con los ataúdes delos caídos frente al altar, monseñor Marcos Gregorio McGrath afirmó que existía un “problema serio” porque entre los muertos había maleantes que estaban saqueando, esa declaración constituye una segunda violencia: culpar a las víctimas y despolitizar la insurrección popular.
No fue un desliz individual. Fue un acto de alineamiento hegemónico. Criminalizar al pueblo, reducir la rebelión anticolonial a desorden social y diluir la responsabilidad del ocupante es exactamente el mecanismo que Gramsci describió al referirse a las élites locales que actúan como intelectuales orgánicos del poder dominante. Así, la ocupación no sólo disparó; también fue justificada desde espacios simbólicos que debieron ser trincheras éticas. El colonialismo se reprodujo no sólo desde Washington, sino desde discursos internos que negaron a los mártires incluso su derecho al duelo.
La convergencia entre violencia militar extranjera y legitimación simbólica interna revela que Panamá no enfrentaba sólo a una potencia, sino un régimen colonial completo. El 9 de enero rompió ese equilibrio. Desde entonces, la dominación deja de ser naturalizada y pasa a ser abiertamente ilegítima. Esa fractura histórica es la condición de posibilidad del proyecto torrijista: la soberanía como programa político, la denuncia del enclave colonial y la afirmación de que Panamá no podía seguir siendo una república subordinada en su propio territorio.
Hoy, más de seis décadas después, el 9 de enero conserva plena vigencia. Las nuevas formas de subordinación ya no se expresan principalmente con tropas extranjeras, sino mediante dependencia económica, tutela financiera, presiones geopolíticas y narrativas que presentan la cesión de soberanía como realismo responsable. La colonialidad persiste cuando se criminaliza la protesta social, se desacredita al pueblo organizado o se normaliza la subordinación en nombre de la estabilidad.
Recordar el 9 de enero no es un ritual patriótico vacío. Es una toma de posición política. Sus mártires no murieron por una bandera aislada, sino por la afirmación radical de que la soberanía es dignidad, memoria y proyecto histórico. Llamarlos patos o maleantes no pertenece al pasado: es la misma lógica colonial que aún busca domesticar a Panamá. Frente a ella, el 9 de enero sigue siendo una advertencia y una tarea pendiente.
