Por Rogelio Antonio Mata Grau
Docente y especialista en Ciencias Sociales
En América Latina, el autoritarismo ya no se manifiesta principalmente mediante golpes de Estado ni rupturas institucionales abruptas. En su forma contemporánea, el autoritarismo accede al poder a través de elecciones competitivas, se legitima mediante el voto y opera desde el interior de regímenes formalmente democráticos. Esa mutación no es coyuntural; es estructural.
El triunfo de José Antonio Kast en Chile debe analizarse desde esa perspectiva. No se trata de un episodio aislado ni de una anomalía política. Es la expresión de una modalidad de ultraderecha electoral que no busca suspender la democracia, sino redefinirla en términos restrictivos.
Chile vuelve a ocupar un lugar central como laboratorio político: antes del neoliberalismo económico, hoy del autoritarismo democrático.
A diferencia del golpe militar en 1973, el actual proyecto ultraderechista no se funda en la violencia abierta, sino en la administración sistemática del miedo. Seguridad, orden y control social se convierten en los ejes de un discurso que promete estabilidad a cambio de derechos. El ciudadano deja de ser concebido como sujeto político y pasa a desempeñar el rol de elector defensivo, orientado por la percepción de amenaza y no por un horizonte de transformación social.
En ese esquema, la inmigración cumple una función política precisa. El inmigrante es construido como enemigo funcional del orden social: amenaza económica, riesgo cultural y factor de inseguridad. Esa narrativa no surge de manera espontánea. Forma parte de una línea política internacional observable en Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa, donde la ultraderecha articula xenofobia, securitización y control social como pilares de gobierno.
La criminalización del inmigrante cumple un objetivo central: desplazar el conflicto estructural generado por el modelo económico. La desigualdad, la precarización laboral y el debilitamiento del Estado social no son presentados como consecuencias del neoliberalismo, sino como efectos de la presencia del “otro”. De ese modo, se fragmenta a la clase trabajadora y se legitima un Estado selectivo: reducido en lo social, expansivo en lo punitivo.
Ese proceso se inscribe en lo que puede definirse como un neoliberalismo tardío coercitivo. A diferencia de su fase inicial, ese modelo ya no promete movilidad social ni bienestar futuro. Se sostiene mediante la gestión del miedo, la penalización de la pobreza y la reducción de la democracia a un procedimiento electoral desprovisto de contenido social.
La responsabilidad política del electorado no puede ser eludida. Cuando la democracia deja de ofrecer futuro, el voto pierde su carácter emancipador y se convierte en un acto defensivo. La ultraderecha no se impone contra la voluntad popular; se construye a partir de ella, en un contexto de crisis de representación, desgaste institucional y fracaso del progresismo como alternativa estructural.
Chile no es una excepción. Es una advertencia para América Latina. Las dinámicas que allí se consolidan interpelan directamente a países como Panamá, donde la desigualdad estructural, la dependencia económica y la fragilidad institucional crean condiciones favorables para la expansión del autoritarismo electoral. El rasgo distintivo del siglo XXI no es el fin de la democracia, sino su vaciamiento progresivo desde dentro.
Autoritarismo en democracia: Panamá ante el giro regional
Panamá no se encuentra al margen de la reconfiguración política que atraviesa América Latina. Aunque sus formas institucionales difieran de las experiencias del Cono Sur, las condiciones estructurales que permiten el avance del autoritarismo electoral están presentes y activas. La región no avanza de manera homogénea, pero sí bajo lógicas compartidas.
El principal error analítico consiste en suponer que el autoritarismo solo emerge cuando se produce una ruptura visible del orden constitucional. En el Panamá contemporáneo, el riesgo no radica en la suspensión de elecciones ni en la clausura formal de la democracia, sino en su reducción progresiva a un mecanismo procedimental desprovisto de contenido social y político. La democracia se mantiene, pero se vacía.
Ese vaciamiento se expresa, en primer lugar, en la crisis de representación. Los partidos políticos han dejado de cumplir una función pedagógica y programática, convirtiéndose en maquinarias electorales sin proyecto histórico. En ese contexto, el voto ya no articula expectativas de transformación, sino demandas inmediatas de orden, estabilidad y control. El elector panameño, como ocurre en otros países de la región, comienza a comportarse como un votante defensivo.
La securitización de la vida pública constituye el segundo eje de esa transformación. El discurso político desplaza los problemas estructurales —desigualdad, informalidad laboral, concentración de la riqueza— hacia narrativas de amenaza: delincuencia, protesta social, migración. El resultado es la legitimación de un Estado selectivo, fuerte para vigilar y reprimir, pero débil para garantizar derechos sociales universales.
La cuestión migratoria ocupa aquí un lugar estratégico. Por su posición geográfica y su función en las dinámicas regionales, Panamá se ha convertido en territorio de tránsito y contención. Sin embargo, el tratamiento político de la migración no responde a una lógica humanitaria ni de desarrollo regional, sino a una racionalidad securitaria alineada con agendas externas. El migrante deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser gestionado como riesgo.
Ese enfoque no es neutral. La criminalización implícita de la migración cumple la misma función que en otros contextos latinoamericanos: desplazar el conflicto social. La precarización del empleo, la informalidad creciente y la fragilidad del Estado social no son presentadas como consecuencias de un modelo económico dependiente y excluyente, sino como efectos colaterales de la presencia del “otro”. Así, se fragmenta el campo popular y se desarticula cualquier lectura estructural de la desigualdad.
Panamá enfrenta, además, una presión geopolítica particular. Su valor estratégico convierte al país en un espacio donde la soberanía se negocia de manera permanente. En ese marco, el autoritarismo electoral no requiere una retórica nacionalista extrema. Le basta con poder administrar la dependencia, garantizar estabilidad para el capital y contener el conflicto social mediante mecanismos de control institucional y simbólico.
El problema no es sólo político, sino histórico. Cuando la democracia deja de ofrecer horizonte, cuando el Estado no garantiza derechos y cuando la política se reduce a la gestión del orden, el terreno queda fértil para soluciones autoritarias presentadas como técnicas o inevitables. Panamá no está ante un giro abrupto, sino ante una deriva silenciosa.
Lo que ocurre en Chile, Argentina o Estados Unidos no debe leerse como fenómenos lejanos. Son expresiones avanzadas de una lógica que en Panamá ya se manifiesta de forma incipiente. El autoritarismo del siglo XXI no llega con discursos de excepción, sino con promesas de normalidad. Y es precisamente esa normalización la que constituye su mayor peligro.
Autoritarismo en democracia: la pedagogía política ausente en Panamá
Ningún proceso de vaciamiento democrático ocurre sin condiciones culturales que lo hagan posible. En Panamá, una de las más decisivas es la ausencia sistemática de pedagogía política. No se trata de un déficit educativo coyuntural, sino de un vacío estructural que afecta la formación del ciudadano como sujeto político y facilita la normalización del autoritarismo electoral.
La pedagogía política no consiste en adoctrinamiento ni en propaganda partidaria. Es el conjunto de prácticas, discursos e instituciones que permiten a la ciudadanía comprender el funcionamiento del poder, identificar intereses en disputa y ejercer el voto como un acto consciente y no meramente reactivo. Cuando esa pedagogía desaparece, la política se reduce a gestión, espectáculo o miedo.
En el Panamá contemporáneo, los partidos políticos han renunciado a su función formativa. Han dejado de producir pensamiento, programa e identidad histórica, para convertirse en estructuras electorales orientadas exclusivamente a la competencia por cargos. El resultado es un electorado desprovisto de herramientas analíticas, expuesto a narrativas simplificadoras y vulnerable a discursos autoritarios presentados como soluciones técnicas.
Ese vacío no ha sido ocupado por el sistema educativo formal. La educación cívica ha sido progresivamente despolitizada, deshistorizada y desprovista de conflicto. La política aparece como un ámbito externo, ajeno o corrupto, y no como un espacio legítimo de disputa democrática. Así, se forma un ciudadano que participa, pero no comprende; que vota, pero no decide en sentido pleno a través del sufragio.
Los medios de comunicación, lejos de compensar esa ausencia, suelen profundizarla. La política es tratada como escándalo, confrontación personal o espectáculo moral, no como proceso estructural. El análisis es sustituido por la opinión inmediata, y el debate por la polarización superficial. En ese entorno, el pensamiento crítico se vuelve marginal.
La ausencia de pedagogía política tiene consecuencias concretas. La primera es la consolidación del votante defensivo, aquel que elige en función del miedo y no de un proyecto de sociedad. La segunda es la aceptación pasiva del Estado selectivo, percibido como necesario para garantizar orden, aunque ello implique la restricción de derechos. La tercera es la naturalización de la desigualdad como hecho inevitable.
Este escenario resulta funcional al autoritarismo en democracia. Cuando la ciudadanía carece de herramientas para leer el poder, la reducción de derechos se percibe como normalidad administrativa. La securitización, la criminalización de la protesta y la gestión punitiva de la migración no generan resistencia estructural, sino aceptación resignada o apoyo explícito.
Panamá no enfrenta únicamente una crisis institucional o económica; enfrenta una crisis de formación política. Sin pedagogía política no hay ciudadanía crítica, y sin ciudadanía crítica la democracia se convierte en un ritual vacío. La estabilidad aparente que ofrece el orden autoritario se vuelve entonces atractiva frente a una democracia incapaz de explicar sus propias promesas incumplidas.
Recuperar la pedagogía política no es una tarea técnica ni inmediata. Implica disputar sentidos, reconstruir memoria histórica y devolver a la política su dimensión colectiva. No hacerlo significa aceptar una democracia cada vez más frágil, donde el autoritarismo no se impone por la fuerza, sino por la ignorancia organizada y el miedo administrado.
El mayor riesgo para Panamá no es la irrupción de un régimen abiertamente autoritario, sino la consolidación de una sociedad políticamente desarmada, incapaz de reconocer cuándo la democracia comienza a dejar de serlo. En el siglo XXI, la pedagogía política no es un lujo intelectual: es una condición de supervivencia democrática.
