Por Rafael García Denvers
Coordinador de Vanguardia Torrijista (VT).
Cuando no hay argumento, se acude a la mentira. Cuando las mentiras no son suficientes, se acude a la represión y cuando esto no amansa, viene la judicialización. Esa es la descripción del nacimiento de las dictaduras e impone que la lucha por la verdad, el respeto y la libertad alcancen niveles de acción que, sin asco, son satanizados por los regentes de los gobiernos y sus adláteres.
Panamá no es la excepción. El gobierno de de José Raúl Mulino, bajo la excusa de una profunda crisis económica, unida a la incapacidad estructural de las instituciones nacionales, a razón de los históricos niveles de corrupción y con la mascarada de buscar una salida democrática, fundamentada en la fortaleza de la empresa privada como supuesta administradora eficiente y honesta, pretenden, bajo fuego de ser necesario, imponer la ruta que más favorezca a sus intereses. Obviamente, sin reconocer las causas profundas y reales del panorama. Surge la utilización de la estructura judicial como órgano amordazante.
Ya hemos recorrido gran parte del libreto y nos encontramos en la fase de la persecución de los dirigentes y voceros, su encarcelamiento o desaparición serán, a partir del momento, la norma imperante tanto policial como judicialmente; dejándole al movimiento popular la calle como única alternativa para alcanzar una salida medianamente adecuada o justa de la crisis.
La detención del dirigente sindical Genaro López, el asilo solicitado por el secretario general del SUNTRACS, Saúl Méndez, en la Embajada de Bolivia, y las ordenes de captura de otros dirigentes, sumados a los allanamientos en los domicilios de estudiantes, educadores y originarios, perseguidos y encarcelados por breves períodos, al mismo tiempo que la novela judicial levantada en torno a la cooperativa del SUNTRACS para judicializar y encarcelar al dirigente Jaime Caballero, como sustento del “Lawfare”, son el inicio de una jornada para sustentar las ganancias y acumulación de un pequeño grupo, mal denominados defensores de la empresa privada y la democracia. Todo ello cuando el modelo que defienden, a nivel global, cae por la ladera de la incapacidad, envuelto en la bandera de las barras y las estrellas, como sustento y cortina principal.
En ese escenario pretenden destruir las conquistas sociales y ganar rabo y orejas en lo referente a mina, agua, salud, seguridad social y soberanía; LA TRAICIÓN ES A PLENA CONCIENCIA Y DESVERGÜENZA. Mientras, la real crisis económica, para las amplias capas de la sociedad, continúa agudizándose con un amplio saldo de destrucción y pérdida de los recursos públicos y, por ende, de empleos a causa de la corrupción y ausencia de visión de Patria.
Nuestra sociedad deberá jerarquizar los temas y deponer los criterios no afines, los desacuerdos que pudieran existir entre sí y con otros compañeros han de perder beligerancia, al tiempo que nos apoyamos en los puntos de coincidencia para fortalecer un accionar unitario. Este comportamiento debe sustentar el apoyo firme y combativo, tanto al SUNTRACS como a todos los sectores en lucha por objetivos colectivos de desarrollo y defensa de la autodeterminación y soberanía nacional. El mundo de mentiras e impunidad tiene que ser derrotado con la luz de la justicia real, humana, equilibrada e imparcial.
Hoy la falsa justicia apunta a unos, mañana será a otros y finalmente a nosotros.
Ato a la represión, persecución y judicialización del movimiento popular.
Sin minas, sin embalses, sin desarraigo, pero con seguridad social y soberanía.
No a la minería metálica a cielo abierto.
No a los embalses de rio Indio.
Urge la derogación de la Ley 462 y la eliminación del memorándum de entendimiento con Estados Unidos.
Ante la traición, dignidad y Unidad popular.
