Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Los recientes comportamientos de la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), al acordar restringir por diez años el acceso a la información sobre concesiones portuarias y otros procesos administrativos, obligan a retomar el tema de las auditorías forenses a empresas estratégicas manejadas por políticos y sus familiares, ya abordado en la columna anterior.
Esas auditorías, anunciadas con gran fanfarria por la Contraloría General de la República, generaron expectación nacional. Sin embargo, hasta hoy se desconoce con claridad el rumbo que han tomado.
Un inaceptable secretismo impuesto en el manejo de información en la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), revela una conducta patética, que infunde malicia y sospecha de opacidad. Además, confirma cómo algunas juntas directivas en organismos con funciones públicas incumplen su deber de procurar beneficios concretos a favor de la población.
La restricción del acceso a la información de instituciones estratégicas debe desembocar en auditorías forenses urgentes y efectivas, capaces de desenmascarar delitos de ”cuello blanco”, para garantizar que los responsables enfrenten sanciones ejemplares, sin que las retractaciones influyan en los procesos de fiscalización.
La historia reciente ofrece sobradas experiencias acumuladas para insistir en las demandas de transparencia gubernamental. En ese sentido, es útil recordar la millonaria compra de radares, una operación defendida bajo el argumento pueril de “estricta confidencialidad”. El desenlace de ese episodio fue un ministro en prisión y la empresa Finmeccanica obligada a pagar multas al Estado.
La AMP y su principal homónima, Panamá Ports, han sido administradas por juntas directivas integradas por personajes designados por los presidentes de turno. Entre ellos, figuran Fernando Arango Gasteazoro, Norberto Delgado, Alejandro Ferrer, Marco Ameglio, Roberto Henríquez, Tulio Elio Ramírez, Julio Córdoba De León, Iván Zarak, José Alejandro Rojas Pardini y Roberto Brenes.
La actual Junta Directiva de la AMP, que en marzo de este año aprobó restringir por diez años el acceso a la información sobre concesiones portuarias, está compuesta por Virna Luque Ferro, Juan Carlos Orillac, Luis Roquebert, José Ramón Icaza, Felipe Chapman, Carlos Raúl Moreno, Dovi Eisenman, René Gómez, Joaquín de Obarrio y el Contralor Anel Flores. José Alejandro Rojas Pardini y otros han repetido su presencia en distintos gobiernos, consolidando de esa forma un patrón de continuidad política en instancias oficiales.
En consecuencia, las auditorías forenses a las empresas estratégicas no pueden seguir siendo promesas vacías ni espectáculos mediáticos. Son un deber impostergable del Estado y una exigencia ciudadana para proteger el patrimonio nacional y garantizar que quienes traicionan su responsabilidad enfrenten la justicia sin privilegios ni excepciones.
Panamá reclama transparencia, y la historia juzgará con severidad a quienes pretendan ocultar lo que pertenece al pueblo.
