Por Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
La candidata impulsada por la administración del republicano Donald Trump para formar parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá Acevedo —ciudadana estadunidense de origen cubano—, tiene una marcada posición en contra del gobierno de Cuba y se ha manifestado abiertamente en favor de las medidas de presión contra la isla, como el bloqueo económico y comercial que por seis décadas ha causado estragos en el pueblo de esa nación.
Como parte del proceso en que los 34 estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) elegirán a tres integrantes de la CIDH, el próximo 27 de junio, el Panel Independiente para la Evaluación de Candidaturas a los Órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Panel SIDH) presentó una valoración de los aspirantes, en la que concluyó que Payá Acevedo demostró —conocimiento limitado de las normas—, jurisprudencia o doctrina internacional de los derechos humanos.
Rosa María Payá Acevedo, nacida en La Habana en enero de 1989 y directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana, fue nominada el 26 de marzo como candidata a la CIDH por el Departamento de Estado estadunidense, a cargo de Marco Rubio —también de origen cubano y quien tiene una cercana relación con su aspirante—. A diferencia de los otros seis aspirantes, no es abogada especialista en la materia.
Independencia comprometida
El panel de evaluación expresó su preocupación por su pertenencia a diversas organizaciones de la sociedad civil durante el proceso de elección, e incluso la voluntad de continuar en la dirección de alguna de ellas luego de ser elegida comisionada, lo que puede poner en duda la apariencia de independencia a un juicio de un observador razonable.
De acuerdo con el artículo 8 del estatuto del organismo interamericano el cargo de miembro de la comisión es incompatible con el ejercicio de actividades que puedan afectar su independencia, su imparcialidad, o la dignidad o el prestigio de su cargo en la comisión.
La candidata de Estados Unidos —también fundadora de Cuba Decide e hija del fallecido opositor al gobierno cubano, Oswaldo Payá— ha sido una abierta promotora de mantener a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Washington —la administración Trump volvió a incluir a la isla en ese listado, aun cuando su antecesor, Joe Biden, la había retirado seis días antes de dejar la Casa Blanca—
Esa medida, al igual que el bloqueo económico, han sido constantemente rechazadas en el ámbito internacional, incluidas las asambleas generales de la ONU y de la OEA.
Payá Acevedo también ha protagonizado gestiones ante el Parlamento Europeo buscando que la Unión Europea rompa el acuerdo de cooperación con Cuba y retire los fondos para proyectos humanitarios.
Ha lanzado algunos calificativos contra líderes de la región que han manifestado su solidaridad con Cuba: acusó al ex presidente de México Andrés Manuel López Obrador, y al mandatario de Chile, Gabriel Boric, de ser cómplices del régimen cubano; expresó que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, apoyaba tácitamente el terrorismo; y afirmó que los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula de Silva y Gustavo Petro, son tentáculos de La Habana. Por el contrario, apoyó al régimen golpista en Bolivia de Jeanine Áñez.
Tras la muerte de su padre, en 2012 en un accidente de tránsito, acusó al gobierno cubano como responsable —y si bien la CIDH se pronunció en esa línea—, los tribunales de la isla determinaron que el responsable fue el integrante del Partido Popular (conservador) de España, Ángel Carromero, que conducía el vehículo. La familia de Payá Acevedo trató que el caso fuera atraído por la justicia ibérica, pero Eloy Velasco, juez de Audiencia Nacional, desestimó la querella y señaló que la pretensión de dotar a los tribunales españoles de jurisdicción para la revisión y nuevo enjuiciamiento del caso es abusiva.
