Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Consciente de las acusaciones que pesaban en su contra, el expresidente paraguayo Santiago Peña Palacios intentó utilizar el recurso de renunciar a su cargo para acceder a una banca parlamentaria y beneficiarse de la inmunidad correspondiente. No lo logró, pues fue destituido.
Al igual que otros dirigentes políticos de alto nivel, Peña Palacios procuró ampararse en un privilegio institucional para evitar enfrentar a la justicia.
No es el primer mandatario que intenta conseguir ese objetivo en países de América Latina. Otros expresidentes, como los panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, junto con familiares y allegados políticos, encontraron en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) un refugio de inmunidades, pese a las numerosas acusaciones y cuestionamientos por actos de corrupción.
Ello ha contribuido a fortalecer la percepción pública de que dicho organismo ha servido como mecanismo de protección para los dirigentes cuestionados, al que se le ha llamado “Cueva de Ladrones”.
Los fueros y, más recientemente, la amenaza del uso abusivo del veto presidencial, representan una grave enfermedad que debilita las democracias modernas.
El presidente Donald Trump, ante el creciente rechazo a su gestión, con retórica confrontativa y con venganza, a fin de protegerse de los casos de corrupción, ha dicho que utilizará el veto indiscriminadamente.
En nuestra América observamos un comportamiento recurrente: políticos que, al verse investigados, buscan acceder a cargos públicos, candidaturas, nombramientos diplomáticos o curules parlamentarias que les permitan beneficiarse de fueros o protecciones especiales, aun frente a la evidente indignación ciudadana.
En las circunstancias actuales y al nivel del desarrollo institucional que exige nuestra civilización, ningún cargo público debería constituir un escudo frente a investigaciones penales.
Un presidente, diputado o ministro debe disponer de las mismas garantías procesales que cualquier ciudadano, pero jamás de privilegios superiores para eludir la acción de la justicia.
Los fueros no deberían extenderse a personas acusadas de delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales ni a otras conductas que atenten contra la administración pública.
Es necesario fortalecer un poder judicial verdaderamente independiente, capaz de investigar por igual a opositores y gobernantes, sin presiones ni interferencias de naturaleza política.
Además, las nuevas tecnologías permiten rastrear contratos, movimientos financieros, licitaciones, patrimonios y redes de influencia con una precisión impensable hace apenas algunas décadas. Sin embargo, muchos dirigentes parecen ignorar esa realidad, convencidos de que las viejas prácticas de impunidad aún pueden prevalecer sobre los mecanismos contemporáneos de control y transparencia.
Los fueros y las inmunidades sólo son legítimos cuando protegen la función pública y garantizan el libre ejercicio de la democracia. Cuando se utilizan para resguardar a individuos frente a acusaciones de corrupción o delitos comunes, se convierten en privilegios incompatibles con el principio fundamental de igualdad ante la ley.
La democracia no consiste en otorgar privilegios a los gobernantes, sino en garantizar que respondan ante la justicia con las mismas obligaciones y responsabilidades que cualquier otro ciudadano.
Localmente, la Asamblea Nacional de Diputados tiene archivado proyectos que minimizan privilegios como el de conflicto de intereses, pero son precisamente esos intereses los que impiden su aprobación.
El caso de Paraguay no sólo es una advertencia, sino un caso que lacera la convivencia y la coexistencia democrática.
