Por Eduardo Miguel Álvarez Estévez
La primera vuelta brasileña dejó un reguero de consecuencias que trascienden la derrota parcial de Lula. Flávio Bolsonaro no solo ganó con el 47,04% de los votos válidos, frente al 45,15% del presidente. Lo que realmente ocurrió el domingo fue un terremoto institucional que reconfiguró el Congreso y puso en la mira al Tribunal Supremo Federal (STF).
Y lo que está en juego ya no es solo quién gobierna Brasil. Es si las instituciones que han frenado el avance del bolsonarismo sobrevivirán al asedio.
El Congreso: la verdadera hecatombe
El Partido Liberal (PL) de Flávio Bolsonaro logró la mayor bancada que un partido haya alcanzado en la historia reciente de Brasil. En el Senado, pasó de 15 a 28 senadores, casi el doble. En la Cámara de Diputados, saltó de 99 a 121 diputados.
Pero los números absolutos del PL no cuentan toda la historia. La verdadera dimensión del giro se mide en el conjunto del espectro ideológico. De los 81 senadores, 49 son de derecha, 16 de centro y 16 de izquierda. En la Cámara, de los 513 diputados, 283 son de derecha, 123 de centro y 107 de izquierda.
El PT y sus aliados quedaron reducidos a una expresión mínima: nueve senadores y 88 diputados. En el Senado, el partido de Lula tendrá una bancada tres veces menor que la del PL.
La cuenta que aterra al STF: 49 votos para el impeachment
Aquí está el núcleo del peligro. La elección no solo fortaleció al bolsonarismo en el Legislativo. Activó una maquinaria que ya tenía un objetivo claro: el Tribunal Supremo.
Según el levantamiento del diario O Globo, al menos 49 senadores —una mayoría de la Cámara Alta— defienden públicamente el impeachment de ministros del STF. La cifra supera las proyecciones internas del propio Supremo, que en julio calculaba que la bancada «pró-impeachment» podría alcanzar unas 40 de las 81 sillas.
Para destituir a un ministro del STF se necesitan 54 votos, dos tercios de la Cámara Alta. Con 49 asegurados, al bolsonarismo le faltan apenas cinco votos para completar la ecuación. Y esos cinco votos pueden salir fácilmente de senadores de centro y centroderecha que ya han votado con el bolsonarismo en otras materias.
El principal objetivo tiene nombre y apellido: Alexandre de Moraes, el ministro que condenó a Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado. Pero la ofensiva también apunta a Flávio Dino, exministro de Lula y uno de los jueces más combativos contra la extrema derecha.
El PL lo ha declarado sin ambages: el impeachment de Moraes es «inegociable». Rechaza cualquier acuerdo político con el Supremo y planea presentar formalmente las solicitudes en el Senado en 2027.
La reforma constitucional como arma total
Pero el impeachment es solo una de las herramientas. La otra es más profunda: cambiar la Constitución.
Con 49 senadores —el número exacto necesario para aprobar una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC)— y un bloque que podría alcanzar los 283 diputados de derecha, el bolsonarismo tiene la aritmética a su favor para modificar la Carta Magna.
El politólogo Jorge Folena lo advirtió con crudeza: «La extrema derecha ha capturado, probablemente en las redes sociales, un voto muy poderoso para el Senado y para la Cámara». Y añadió: «En el Senado, tendrán 49 de los 81 votos y podrán, por ejemplo, revocar toda la Constitución si quieren. Pueden acabar con el SUS, pueden reducir la edad penal. Incluso con cláusulas pétreas, la política es capaz de manipular esas garantías».
El precedente que lo cambió todo
Hay un detalle que no puede pasarse por alto. En diciembre del año pasado, el ministro Gilmar Mendes emitió una decisión que aumentó de 41 a 54 votos el quórum necesario para destituir a un ministro del STF. La medida buscaba blindar a la Corte de una ofensiva que ya se veía venir. Pero ahora, con 49 votos asegurados y la posibilidad de sumar cinco más, ese blindaje se antoja insuficiente.
Lo que Mendes intentó frenar, las urnas lo han desbordado.
¿Y si Lula pierde la segunda vuelta?
El escenario se vuelve aún más sombrío si Flávio Bolsonaro gana el balotaje del 25 de octubre.
Con un presidente del PL en el Palacio del Planalto y una mayoría absoluta en ambas cámaras, el bolsonarismo tendría el control casi total del aparato estatal. Podría impulsar no solo el impeachment de los jueces, sino también una agenda de rupturas constitucionales: reducción de derechos sociales, privatización del sistema de salud, reforma del sistema electoral, amnistía para los condenados del 8 de enero.
La Fundação Perseu Abramo lo resumió con precisión: «El avance de la extrema derecha en la Cámara y el Senado aumenta el riesgo de ataques a derechos constitucionales y de presión sobre el Poder Judicial. La fortaleza del PL, sumada a la de otros representantes del campo conservador, puede generar un riesgo institucional sin precedentes desde la redemocratización».
Lo que yo sostengo
Lo que ocurrió en Brasil el domingo no fue una simple derrota electoral de la izquierda. Fue la configuración de las condiciones para un asalto final a la institucionalidad democrática.
Lula aún puede ganar la segunda vuelta. La diferencia de dos puntos es remontable. Pero aunque gane, gobernará con un Congreso abrumadoramente opositor, con un Senado que puede bloquear todas sus iniciativas, con una bancada de 49 senadores que espera el momento propicio para descabezar al Tribunal Supremo.
Y si pierde, el bolsonarismo no solo gobernará. Pondrá en marcha la maquinaria para desmantelar los últimos diques institucionales que quedan.
La izquierda brasileña no perdió solo una elección. Perdió la capacidad de defender las instituciones que, hasta ahora, habían contenido el autoritarismo. El PT de Lula y Dilma propuso a los jueces que hoy están en la mira. Y ahora, esos jueces quedan a merced de un Congreso que quiere verlos caer.
Brasil se asoma al abismo. Y esta vez, el abismo no viene de un cuartel. Viene de las urnas.
