Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Las recientes manifestaciones de la Contraloría General de la República, en torno a la realización de auditorías forenses a empresas con concesiones estratégicas, han abierto una verdadera caja de Pandora en un país saqueado y sometido.
Esa fiscalización busca verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y comprobar que los términos de las concesiones a grandes compañías se ajusten a la normativa vigente y a la protección de los intereses soberanas del Estado panameño.
La relevancia de esas auditorías es indiscutible. En ellas, está en juego la recuperación de recursos económicos que debieron revertir a este país, pero que fueron menguados por el comportamiento insaciable de algunos individuos obnubilados por la codicia, la ostentación, la impunidad y las ansias de ser reconocidos por el veloz enriquecimiento.
Durante los últimos 20 o 25 años, distintos gobiernos designaron en las juntas directivas de esas empresas aludidas (Panamá Ports, Naturgy, EDEMET, Minera Panamá, Cerro Quema, el Ferrocarril de Panamá y otras vinculadas al sector naviero), a ministros, viceministros, asesores presidenciales, agentes y personas estrechamente ligadas, política y familiarmente, al poder de turno.
Con marcada expectación, el pueblo panameño, consciente de la necesidad de una administración pública honesta, aguarda los resultados de esas auditorías. Se espera que revelen cómo los últimos gobiernos han dilapidado recursos estratégicos que debieron traducirse en beneficios palpables para la nación, muchos de los cuales terminaron en serias controversias y en ventajas para intereses mezquinos que contribuyen a la inequidad y al desprestigio en el ámbito hemisférico.
En el caso de Panamá Ports Company, los representantes estatales permitieron que la concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal resultase poco favorable para la participación del Estado, tanto en utilidades como en impacto social. Sin duda, fueron expresiones de turbios negociados que estremecen a la población.
Entre quienes ocuparon esos cargos figuran Fernando Arango Gasteazoro, Norberto Delgado, Alejandro Ferrer, Marco Ameglio, Roberto Henríquez, Tulio Elio Ramírez, Julio Córdoba De León, Iván Zarak, José Alejandro Rojas Pardini y Roberto Brenes.
En el sector eléctrico, a través de Naturgy, ETESA, ENSA y EGESA, los resultados también están bajo la lupa de los auditores. Algunos representantes gubernamentales mencionados en esos procesos son José Luis Lloret, Sebastián Pérez Henríquez, Juan Carlos Orillac Urrutia, María del Carmen Fábrega Sánchez, Roberto Roy Ortega, Eduardo De La Guardia, Alberto Noriega Rodríguez, Joaquín Franco Vásquez y Margie Noemí Delgado Zárate, además de otros vinculados.
La lista completa de personajes políticos y parientes que han integrado las juntas directivas de empresas claves para el desarrollo nacional sería extensa de publicar, ya que no son pocos los beneficiados con contrataciones leoninas y potenciales coimas.
Por ahora, queda la esperanza remota de que las auditorías oficiales sean efectuadas a fondo, con imparcialidad y debida transparencia, y no como mecanismo de chantaje político, para que el país conozca la verdad sobre la administración de sus recursos estratégicos.
Hay que tener en cuenta que el modelo neoliberal vigente fomenta la corrupción y que la Justicia en Panamá se ha vuelto selectiva. Las listas de presos en la cárceles en Panamá están llenas de nombres provenientes del arrabal y de gente desplazada y sin trabajo decente, pero no de los rimbombantes apellidos de los oligarcas que venden a este país y los bandidos de cuello blanco que frecuentan clubes exclusivos y hacen fiesta con el patrimonio ajeno.
