Por Luis Carlos Samudio G.
Abogado, docente y mediador
La fuga masiva de unas 195 personas privadas de libertad del Centro Penitenciario La Joyita, ocurrida el 1 de junio de 2026, es la mayor y más grave evasión de reclusos registrada en la historia reciente de Panamá, un país bajo observación regional en materia de seguridad.
Más que una falla en los protocolos de seguridad, ese hecho impactante evidencia el agotamiento de un modelo penitenciario marcado por un progresivo deterioro institucional.
Desde la criminología, las cárceles son un componente esencial de la seguridad ciudadana y del Estado de derecho. Cuando dejan de garantizar la custodia, la rehabilitación y la reinserción social, dejan de ser instrumentos de prevención para convertirse en espacios que reproducen y fortalecen la criminalidad.
La situación de La Joyita refleja el impacto del hacinamiento, la insuficiente infraestructura, la escasez de personal especializado, la corrupción y la pérdida progresiva del control institucional. Ese escenario ha permitido que, en numerosos pabellones, la autoridad del Estado sea desafiada e incluso sustituida por estructuras criminales organizadas.
Desde la criminología institucional, esa realidad revela una profunda crisis de gobernanza penitenciaria. Aunque el Estado conserva el control perimetral, en amplios sectores del régimen interno, predominan economías ilegales, redes de corrupción y dinámicas de violencia que debilitan la autoridad y comprometen la convivencia penitenciaria.
Aún más alarmante fue el hallazgo de armas de guerra, municiones, cientos de teléfonos celulares y equipos de comunicación satelital dentro de La Joyita. Esos elementos confirman las graves fallas en los controles penitenciarios y la capacidad de las organizaciones criminales para mantener comunicación con el exterior, coordinar actividades ilícitas y conservar sus estructuras de mando desde el interior del penal.
Esa realidad desvirtúa uno de los principios esenciales de la pena privativa de libertad: romper el vínculo operativo entre el infractor y las organizaciones criminales. Cuando las cárceles permiten la continuidad del delito, dejan de cumplir su función preventiva y terminan fortaleciendo las mismas estructuras que deberían neutralizar.
La respuesta del Estado, mediante operativos para recapturar a los evadidos y la imposición de nuevas sanciones penales, resulta necesaria para restablecer el orden jurídico. Sin embargo, la experiencia demuestra que el endurecimiento del castigo, por sí solo, no resuelve las causas estructurales de la crisis penitenciaria.
La criminología crítica identifica este fenómeno como iatrogenia institucional: el daño que producen las propias instituciones cuando sus respuestas incrementan la exclusión, fortalecen la cultura criminal y favorecen la reincidencia. Así, un sistema penitenciario ineficiente termina multiplicando el delito en lugar de prevenirlo.
La crisis penitenciaria panameña no puede comprenderse de manera aislada. Se encuentra estrechamente vinculada con otros problemas estructurales como la mora judicial, el elevado porcentaje de personas en detención preventiva, la insuficiente clasificación criminológica de los internos, la ausencia de programas permanentes de tratamiento y reinserción, y la limitada profesionalización de la carrera penitenciaria.
Frente a ese escenario, Panamá necesita superar la visión tradicional centrada exclusivamente en la construcción de más cárceles o en el endurecimiento de las penas. La verdadera transformación exige diseñar una Política Criminológica Nacional, sustentada en evidencia científica, planificación estratégica y evaluación permanente de resultados.
Esa política debe contemplar la modernización de la infraestructura penitenciaria, la profesionalización del personal de custodia, mecanismos efectivos de transparencia y sistemas de inteligencia penitenciaria. Asimismo, debe impulsar programas de rehabilitación y reinserción, reducir el hacinamiento mediante alternativas legales a la prisión preventiva y fortalecer la clasificación criminológica para individualizar el tratamiento de las personas privadas de libertad.
Asimismo, es indispensable incorporar profesionales en criminología a la estructura operativa del sistema penitenciario. Su ausencia limita la capacidad institucional para realizar diagnósticos científicos, gestionar factores de riesgo, prevenir la reincidencia y evaluar las políticas penitenciarias. La seguridad ciudadana requiere equipos multidisciplinarios donde la criminología ocupe el lugar que le corresponde como ciencia aplicada a la prevención del delito.
Conclusión
La fuga masiva de La Joyita no es un hecho aislado, sino la expresión de las profundas debilidades estructurales del sistema penitenciario panameño. Mientras persistan el hacinamiento, la corrupción, la limitada capacidad institucional y la ausencia de una política criminológica integral, las cárceles seguirán fortaleciendo al crimen organizado en lugar de cumplir su función de resocialización.
La seguridad ciudadana también se construye desde las cárceles. Recuperar el control efectivo del sistema penitenciario exige voluntad política para impulsar una reforma de Estado basada en la prevención, la profesionalización y la gestión científica del fenómeno criminal.
La paz social no depende únicamente de capturar delincuentes, sino de impedir que los centros penitenciarios continúen reproduciendo violencia y reincidencia. Ese constituye uno de los mayores desafíos para la política criminológica de Panamá y para la consolidación de una justicia verdaderamente restaurativa.
¡Juntos trabajemos a favor de la paz y la convivencia pacífica!
