Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
¿Por qué los Estados son tan ineficientes? La pregunta, lejos de ser un dilema técnico, constituye una de las encrucijadas políticas y sociales más agudas de nuestro tiempo. Al examinarla, es imposible no adoptar una posición objetiva sin dejar de ser crítica.
Por un lado, la ineficacia se presenta como una patología inherente al aparato público: burocracia asfixiante, clientelismo y obsolescencia operativa. Por el otro, emerge la sospecha —fundada en la historia reciente— de que esta ineficiencia es, en muchos casos, un estado inducido. Una asfixia presupuestaria y operativa planificada para que la opinión pública, exhausta, termine por aceptar la privatización como la única salida.
Esaa fórmula de desmantelamiento guiado no nació de la nada. Desde los años noventa, llegó a América Latina empaquetada en las condicionalidades y programas de ajuste estructural de las entidades financieras internacionales como el FMI y el Banco Mundial. El diagnóstico del Consenso de Washington era categórico: el Estado debía replegarse. Sin embargo, tras décadas de privatizaciones, el mapa de la región no muestra un “paraíso de eficiencia”, sino un mosaico de asimetrías donde los sectores más desposeídos suelen pagar el costo de los experimentos de mercado.
La experiencia privatizadora en América Latina demuestra que el éxito o el fracaso no se rige por dogmas absolutos, sino por la naturaleza del sector y la capacidad de regulación del Estado. Cuando los activos transferidos operaban en mercados de alta competencia e innovación, se registraron avances indiscutibles.
El caso de las telecomunicaciones en la región es el ejemplo más citado de éxito corporativo y democratización del acceso. En los años ochenta y noventa, la privatización de monopolios estatales obsoletos en países como México (Telmex), Argentina (Entel) o Brasil (Telebrás) inyectó el capital necesario para modernizar redes analógicas que eran sinónimo de corrupción y listas de espera de años para conseguir una línea telefónica. La libre competencia redujo costos, diversificó servicios y expandió la conectividad a niveles que el Estado, quebrado financieramente, no habría alcanzado por sí solo.
El reverso de la moneda, sin embargo, se desborda cuando el mercado intenta gestionar bienes comunes y derechos humanos intransferibles. El fracaso dramático de la privatización del agua en Cochabamba, Bolivia (2000), a manos del consorcio internacional Aguas del Tunari (liderado por la estadounidense Bechtel), demostró los peligros de mercantilizar recursos vitales. El consorcio, amparado por leyes diseñadas bajo la presión del Banco Mundial, subió las tarifas de manera exorbitante e incluso obtuvo el monopolio legal del agua de lluvia. La insurrección popular subsiguiente demostró que la rentabilidad privada y la supervivencia humana son, con frecuencia, incompatibles en contextos de profunda desigualdad.
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Panamá no fue ajena a esa oleada global de reformas estructurales. Durante la administración de Ernesto Pérez Balladares (1994–1999), el país ejecutó un agresivo programa de privatizaciones impulsado por las directrices de los organismos multilaterales, con el propósito de insertar la economía panameña en la globalización. Las dos operaciones más emblemáticas fueron la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones (INTEL) y la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
La privatización de INTEL, adquirida en su momento por Cable & Wireless, suele catalogarse en los balances económicos como un éxito técnico y financiero. El Estado retuvo una participación accionaria significativa y el país experimentó un salto cualitativo en infraestructura tecnológica, convirtiendo a Panamá en un hub de conectividad regional.
Por el contrario, el desmantelamiento y privatización del IRHE en el sector eléctrico dejó un sabor amargo que aún perdura en la memoria colectiva. La institución se fragmentó en empresas de generación, transmisión (que quedó en manos del Estado) y distribución (como Edemet, Edechi y Ensa). Si bien la cobertura eléctrica se expandió, el modelo no logró librar al consumidor de tarifas elevadas, apagones recurrentes y un esquema de subsidios estatales permanentes para contener el malestar social. La experiencia demostró que privatizar un monopolio público para convertirlo en oligopolios privados no elimina la ineficiencia; a menudo, solo la encarece.
Hoy en día, el debate sobre la ineficiencia estatal y la sombra de la privatización adquiere su matiz más dramático en la actual crisis del agua que golpea y vivimos en nuestras comunidades y barriadas. El país enfrenta una paradoja dolorosa: siendo una de las naciones con los niveles de pluviosidad más altos del mundo y albergando una de las mayores obras de ingeniería hídrica del planeta —el Canal de Panamá—, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se encuentra en un estado de postración institucional crónica.
La realidad golpea diariamente a cientos de miles de ciudadanos, especialmente en Panamá Oeste y en las periferias urbanas, donde el suministro continuo de agua potable es una utopía. La crisis se ha agudizado de forma alarmante debido a la inestabilidad en la alta gerencia de la institución, la obsolescencia de plantas neurálgicas como la potabilizadora de Chilibre —cuyas deficiencias operativas mantienen el suministro intermitente incluso en el centro de la capital— y la contaminación de fuentes hídricas en regiones del interior como Azuero. A esto se suma un dato técnico demoledor: cerca del 50% del agua potable producida se pierde antes de llegar al usuario final debido a fugas históricas en la red de distribución y al desperdicio cultural.
Frente a este colapso, resurgen las voces que promueven la privatización o la tercerización del IDAAN como la única solución viable, argumentando que el Estado ha demostrado ser un administrador incapaz. Sin embargo, las encuestas de opinión reflejan un rechazo ciudadano categórico a la privatización del agua. La población panameña comprende que, en un sistema de libre mercado puro, el costo real de producción y distribución dispararía las tarifas, castigando a las comunidades más vulnerables y convirtiendo el acceso al agua en un privilegio de clase.
El verdadero negocio de la ineficiencia actual no reside en la privatización formal, sino en el floreciente mercado informal de los carros cisterna (pipas) y la venta de agua embotellada, sectores privados que lucran directamente de la incapacidad del Estado para garantizar la red pública.
Por ello, las propuestas más lúcidas formuladas por especialistas y movimientos ciudadanos no apuntan a la venta del patrimonio público, sino a una reforma estructural profunda: la corporatización del IDAAN. Se plantea transformar la institución bajo un modelo de gobernanza técnica, autónoma y blindada del clientelismo político, similar al exitoso diseño institucional de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
- La respuesta a la pregunta por qué el Estado es ineficiente en la gestión del agua en Panamá, no debe buscarse en la incapacidad intrínseca de lo público, sino en décadas de politización de una entidad técnica y en la resistencia a cobrar tarifas que permitan el mantenimiento de la red sin desamparar a los más pobres. El acceso al agua es un derecho humano y un recurso estratégico de seguridad nacional; resolver la crisis del IDAAN exige rescatar al Estado a través de la transparencia y la planificación a largo plazo, no subastar su responsabilidad al mejor postor.
