Por Alberto Velásquez
Periodista y relacionista público
Las llamadas “reformas constitucionales” han dejado de ser un mero ejercicio académico para convertirse en un intento descarado de someter a Panamá a los designios de un poder político voraz.
La insinuación de alterar el blindaje constitucional que protege al Canal de Panamá ha encendido las alarmas: no se trata de ajustes técnicos, sino de una maniobra que amenaza con entregar la principal fuente de riqueza al clientelismo y a la ambición.
En un reciente evento realizado en la capital panameña se evidenció que la “escuelita móvil” organizada por cierto personaje, con el supuesto propósito de divulgar el contenido de la Constitución y la “necesidad” de introducirle ajustes, se reveló parte del trasfondo de esa iniciativa turbia.
La realidad es que la propuesta no responde a un interés de progreso y avance institucional, sino al manifiesto deseo de ejercer control total sobre la administración pública y diversos estamentos.
El anuncio de disolver instituciones como el Banco Hipotecario y otras, para subordinarlas por completo a un ministerio de evidente tinte político, palidece frente a la propuesta del constitucionalista de turno de modificar el título constitucional que regula la administración del Canal de Panamá.
La mención de semejante despropósito alterar el mandato que blinda a la vía interoceánica de las apetencias desmedidas de políticos oportunistas. Ello ha provocado un rechazo firme entre los panameños conscientes, quienes han comprobado los beneficios de resguardar una de las principales fuentes económicas, con el orgullo de administrarla mejor que sus anteriores gestores.
Es necesario mantenerse vigilantes ante los que ostentan el poder y quienes, bajo el argumento de revisar la Constitución, pretenden insertar condiciones maquiavélicas que contribuyan al control político, económico y financiero del Canal de Panamá para beneficio propio.
Un gobierno verdaderamente comprometido con la responsabilidad soberana debería organizar técnica y eficientemente las riquezas del Canal para atender en forma adecuada los problemas estructurales que aquejan a este país, como la existencia de un modelo económico que genera la falta de salud, agua potable y educación transformadora.
Aunque pueden ser objeto de debate público e incluso de referéndum, las reformas constitucionales tendrían que ser analizadas con el mayor rigor posible para impedir que la politiquería y el clientelismo continúen diezmando el legítimo deseo de desarrollo sostenible.
Es un deber nacional patriótico defender el blindaje administrativo del Canal de Panamá y oponerse a las reformas diseñadas a la medida de quienes ostentan el poder político y económico, e intentan consolidarlo con engaños y falsas promesas.
