Por Meri Castro
Greenpeace (Argentina)
Se cumplen 15 años de la sanción de la Ley de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar (Ley 26.639), un enorme logro de la sociedad civil que demostró que luchar sirve. La normativa fue impulsada por Greenpeace y más de 300 organizaciones y se convirtió en la segunda ley ambiental más importante conseguida en el país -la otra es la Ley de Bosques sancionada en 2007-.
La conquista de esta Ley fue una victoria destacable mundialmente, que ha fijado estándares para la defensa de los glaciares para muchos otros países, en donde aún se enfrentan su conservación con la ambición de quienes buscan destruirlos.
La historia nos remonta a un 30 de septiembre de 2010 cuando, tras muchos años de articular un reclamo más que justo por la defensa de los glaciares, más de 200 mil personas lograron la promulgación de una norma que es única en su tipo en América Latina y la primera en el mundo. Su implementación impidió que 44 proyectos mineros operaran sobre glaciares o ambiente periglacial y también estableció la prohibición de instalar en esas áreas actividades extractivas.
En el texto de la normativa quedó establecido que hay que preservar los glaciares porque se trata de reservas estratégicas e invaluables de agua dulce (para nuestro consumo, para la agricultura y para abastecer ríos), de biodiversidad, a la vez que los clasifica como “bienes de carácter público” más aún en el contexto de emergencia climática actual.
Además, dentro de la misma norma se establece la creación de un inventario nacional de glaciares y del ambiente periglacial. El inventario fue finalizado recién en 2018 por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).
Las empresas mineras contrapusieron sus fuerzas y quisieron establecer que la ley era inconstitucional, con distintos intentos en la Justicia pidiendo su derogación e impugnación. En cada oportunidad, la resistencia de las asambleas, organizaciones y la ciudadanía en general fue lo que mantuvo la en pie.
Finalmente, en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró por unanimidad que la Ley de Glaciares es constitucional. El fallo señaló que la responsabilidad en la protección de glaciares es compartida entre Nación y las provincias.
Hoy a 15 años de su sanción, Greenpeace y otras organizaciones ambientales seguimos defendiendo la Ley de Glaciares. Estamos alertas ante una inminente potencial presentación de un decreto que amenaza con reducir drásticamente el área de protección garantizada hoy por la Ley Nacional de Glaciares (Ley 26.639) abriendo la puerta a que en ellas ocurran actividades extractivistas hasta el día de hoy prohibidas.
Nuestras reservas de agua dulce están en juego.
