Una propuesta a la Asamblea Nacional de Diputados
Por Justo Medrano
Vicerrector Académico
El 27 de enero del año que transcurre, el diario “La Prensa” publicó la noticia “Presentan ley para exonerar de impuesto sobre la renta el pago de estudios universitarios”, relacionada con un anteproyecto de ley 115, presentado por un grupo de Diputados de la Asamblea Nacional de Diputados de distintos partidos políticos, con el propósito de que los costos de la matrícula de la educación superior en Panamá pudieran ser deducibles del impuesto sobre la renta que pagan los panameños. En el escrito leído, no está claro si se refiere al pago de la matrícula en todas las universidades, oficiales y particulares, o si solo es aplicable a las universidades oficiales.
Siendo optimista, quiero pensar que esta propuesta de Ley pretende contribuir a que todos los jóvenes panameños y los que no lo sean, pero que residan en este país, puedan seguir carreras universitarias sin costo para sus padres o quienes los apoyen económicamente en sus estudios de formación superior.
Sin embargo, lo que no dice la noticia, es si se ha tomado en cuenta que más del 70% de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales, por lo menos es así en el caso de Universidad de Panamá, proviene de hogares con ingresos de 600 y 700 balboas mensuales. Ello significa que sus familiares no pagan el impuesto sobre la renta y, por tanto, no serían beneficiados con esa Ley que sólo alcanzaría a aquellos provenientes de hogares con ingresos económicos que sí pagan el impuesto sobre la renta, por tener ingresos mayores.
La intención de la propuesta de Ley parece ser que la educación universitaria sea gratuita a favor de los panameños, para dar contenido al muy utilizado lema de que el mejor recurso de un país es el recurso humano, al garantizarle la oportunidad de estudiar en forma gratuita, sin las limitaciones económicas que agobian a los sectores más necesitados y vulnerables en Panamá.
Al respecto, este servidor permanente de la educación superior le propone a los señores diputados, aprovechando los importantes ingresos que provendrán del ensanche del Canal interoceánico, que las carreras de licenciatura sean gratuitas para todos los panameños, y que el gobierno aporte un fondo de 100 balboas (mínimo, debería ser mayor) por estudiante y por semestre, en el caso de matrículas realizadas en las universidades oficiales. Es necesario que ese fondo sea usado para proveer apoyos adecuados en alimentación, servicios adicionales a los estudiantes, bibliotecas, acondicionamientos y equipamiento de aulas y laboratorios con avanzadas tecnologías y la movilidad académica de los estudiantes, con el fin de mejorar la formación de profesionales que se gradúan en esas instituciones.
De acogerse estas ideas, estaremos coadyuvando a la movilidad social de los panameños y acrecentando la calidad de profesionales formados en las aulas universitarias. De no hacerse así, sería un porcentaje bajo de estudiantes privilegiados con la Ley, según lo señalado en la noticia publicada, y ello es incongruente con el propósito de distribuir mejor la riqueza que todos generamos. Sin duda, existe el riesgo de que la iniciativa parlamentaria se convierta en un proyecto elitista que profundice las desigualdades sociales. Es el momento de tomar una decisión de verdadera trascendencia, hacia un mejor futuro de la nación panameña.
Concluyo ofreciendo mi modesta experiencia, como profesor universitario, con más de 45 años de servicios académicos a la Universidad de Panamá, para participar en la discusión de este proyecto, que debería reflejar lo planteado en este breve artículo.
