Trabajadoras sexuales exigen derechos y fin de la represión policial
Por David Carrasco
“Las trabajadores sexuales autónomas exigen políticas públicas que regulen esa actividad y pongan fin al vacío legal que las coloca en situación de vulnerabilidad”, dijo a Bayano digital la presidenta de la organización Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá, Gladys María Murillo, tras rechazar la conducta represiva de agentes de la Policía Nacional que las detienen y obstaculizan su trabajo.
Indicó que agentes policiales, principalmente unidades femeninas, son hostiles hacia el trabajo sexual de las mujeres y en diversas ocasiones han sido confirmados casos de abusos, maltratos físicos y verbales. Estimó que la falta de una legislación las vuelve inermes incluso contra robos y ultrajes, sin que su clamor sea escuchado.
Murillo, quien también milita en la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), planteó que las afectadas exigen tener presencia una comisión para debatir una propuesta legislativa sobre el tema del trabajo sexual. «Queremos que esa discusión necesaria se haga con nosotras”, remarcó.
Sostuvo que, en la actualidad, “somos más de 5.000 trabajadoras sexuales”, cuyo común denominador es la desprotección y la falta de políticas públicas que reconozcan el derecho a ser respetadas como personas que trabajan y tienen familia, y no merecen ser detenidas bajo la acusación genérica de “actos inmorales” cuando caminan con temor por las calles de panamá.
Murillo recalcó que las acciones represivas que afectan su situación económica, indujeron a esas mujeres a solicitar reuniones con los comisionados de la Policía Nacional. Añadió que hubo algunos acercamientos con esa oficialidad, pero esperan que sea concretado un diálogo a través de unas mesas de trabajo en las que pudiese participar el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón. No obstante, aclaró que ese cuerpo de seguridad no responde las notas remitidas para proveer propuestas concretas.
Asimismo, exigió que en materia de Salud, debería ser adoptado un segundo día de revisión médica de las trabajadoras sexuales autónomas que acuden a clínicas, ya que es insuficiente un único día para ello. Las solicitantes requieren una mayor cantidad de cupos y el aumento de cuatro a ocho horas la atención.
Reveló que hay serias demoras y anomalías en la entrega de condones y lubricantes, en el marco del programa para la prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual. En ese sentido, instó a las autoridades de Salud a tener una mayor preocupación por los habitantes y asuntos epidemiológicos.
Murillo, quien es está casada y es madre de una niña, manifestó que la falta de una ley que ampare y regule a las trabajadoras sexuales se traduce en exclusión, incluso para acceder al crédito bancario e iniciar trámites hipotecarios en procura de una vivienda digna. “Queremos que esa realidad cambie y prevalezcan los derechos humanos a favor de todos”, comentó.
