Por José de la Rosa Castillo
Especialista en Relaciones Internacionales
La decisión del Estado panameño de anular la concesión operativa a Panama Ports Company (PPC) y recuperar la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal ha sido presentada oficialmente como un ejercicio legítimo de la soberanía nacional. Sin embargo, un análisis geopolítico riguroso obliga a interrogar los supuestos sobre los que descansa esta narrativa.
La concesión a CK Hutchison, empresa hongkonesa, permaneció incuestionada durante casi tres décadas. Su renovación en 2021 transcurrió sin controversia significativa. ¿Qué variable geopolítica se modificó para que, súbitamente, esta concesión deviniera en ”inconstitucional”?
La respuesta se encuentra en el cambio de administración estadounidense y las crecientes tensiones en el Indo-Pacífico.
La presión ejercida por Washington, materializada en las acusaciones infundadas de que China ”opera el Canal”, creo el clima propicio para que los tribunales panameños actuaran en consonancia con los intereses estratégicos de una de las potencias en pugna. La coincidencia temporal entre el discurso de la administración Trump y el fallo de la Corte Suprema panameña no puede ser desestimada como mera casualidad.
El dilema que enfrenta Panamá no es novedoso en la teoría de las relaciones internacionales: los Estados pequeños, insertos en zonas geopolíticamente sensibles, ven severamente limitado su margen de maniobra cuando sus decisiones afectan los intereses vitales de las grandes potencias. La supuesta ”soberanía” ejercida por Panamá podría, en realidad, constituir una reconfiguración de sus dependencias: un alejamiento de la órbita china para aproximarse, quizá irreversiblemente, a la esfera de influencia estadounidense.
La pregunta que debería orientar el debate académico y político es si esta reorientación estratégica responde a un cálculo racional de interés nacional o a una reacción impulsiva frente a presiones externas. La evidencia disponible sugiere que, en ausencia de una política exterior autónoma y fundada en un diagnóstico realista del sistema internacional, Panamá corre el riesgo de convertirse en un instrumento más de la competencia hegemónica, perdiendo la capacidad de definir su propio destino.
