La Coordinadora de Organizaciones Sindicales Independientes en Resistencia (OIR) acaba de emitir comunicado con fuertes cuestionamientos al déficit de Educación en Panamá. Bayano digital reproduce el texto del documento, para generar un debate sobre el futuro de la Educación en este país.
La ejecución del presupuesto de inversiones del Ministerio de Educación muestra una fuerte caída, comprometiendo gravemente el desarrollo educativo a nivel nacional. Este declive inicia en el 2023 con una ejecución de las inversiones educativas del 79%, las cuales descienden al 48% en el 2024 y finalmente a un 17.2% en el 2025. Como resultado, entre 2018 y 2025 se han dejado de ejecutar alrededor de B/. 1,869 millones destinados a mejorar la infraestructura y los recursos educativos.
No ejecutar esos recursos representa un grave retroceso en torno al derecho a una educación digna y de calidad, afectando especialmente a estudiantes de familias trabajadoras y de escasos recursos. Mientras se hacen millonarios traslados de partidas a otros ministerios, persiste el deterioro de las escuelas y de las aulas de clase, laboratorios y bibliotecas sin equipar; situación que profundiza las desigualdades sociales y limita las oportunidades de miles de jóvenes que ven en la educación la principal vía para superar la pobreza.
El aumento del presupuesto educativo hasta el 7% del PIB fue una conquista del movimiento social, concretada mediante la ley 362 de 2022, por lo que la falta de ejecución del presupuesto no sólo constituye en una falta de respeto al pueblo panameño, sino que evidencia graves deficiencias en la planificación institucional; limitada capacidad técnica para ejecutar proyectos; falta de voluntad política y liderazgo para priorizar la educación e inexperiencia administrativa en los procesos de contrataciones públicas.
Frente a esta situación, las organizaciones constituyentes de OIR, exigimos al MEDUCA:
• Presentar un plan urgente de ejecución del presupuesto de inversiones educativas;
• Transparentar el estado real de los proyectos de infraestructura escolar;
• Agilizar los procesos de contratación y ejecución de obras;
• Establecer mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas ante el país.
Reiteramos que la educación es un derecho y una prioridad nacional, y estaremos vigilantes para que los recursos conquistados por la lucha del pueblo se ejecuten plenamente en beneficio de las escuelas, los docentes y los estudiantes de todo el país.
