Ciudad de Panamá, 26 jul (Prensa Latina) – La visita de una misión internacional de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) y actos de solidaridad con Panamá signaron la semana que concluye hoy aquí.
La estadía de los representantes de la CSA, encabezados por Marcelo Di Estéfano, tuvo como objetivo recoger testimonios de organizaciones sobre los casos de violación de los derechos laborales por parte del Gobierno sobre todo contra gremios docentes y de los constructores.
En declaraciones a Prensa Latina, el dirigente argentino precisó que nuevamente ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)- cuya reunión regional será en octubre próximo en Republica Dominicana-, presentarán una relatoría de los atropelles cometidos en un proceso de criminalización de las protestas contra una ley del seguro social.
Di Stéfano agregó que impulsarán que Panamá asista a ese foro como lo establecen las normas, una delegación tripartita (Gobierno, empleadores y trabajadores) y que estén representadas sus centrales obreras afiliadas (Convergencia Sindical, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente y la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá).
Además, respaldarán que una carta suscrita por el secretario general de la (OIT), Gilbert F. Houngbo, sea entregada al jefe de Estado istmeño con la solicitud del cese a la violación sindical en una de las 24 naciones señaladas en un listado por esa organización.
También indicó que en 2026 presentarán una moción de censura a que Panamá presida el Comité Interamericano de Ministros de Trabajo, toda vez que la titular del ramo, Jackeline Muñoz, ha sido la pieza clave del Ejecutivo para demandar la disolución del sindicato de los obreros de la construcción por encabezar protestas populares.
La estadía de la CSA concluyó con un acto de solidaridad con el sindicalismo panameño en el que participaron delegaciones de más de 15 países.
Jóvenes como el colombiano Danilo Urrea, a nombre de la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo, propuso que Panamá fuese prioridad en las diversas acciones de condena ante los Gobiernos y Órganos Judiciales de la región de los hechos que muestran la criminalización de las protestas contra una norma de pensiones y la persecución de dirigentes sindicales.
También Gilda Montero , presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) de Costa Rica, manifestó a nombre de la Internacional de la Educación que agrupa a más de 34 millones de docentes, su respaldo a la lucha de sus pares panameños que desde el pasado 23 de abril protagonizaron una huelga contra la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y los 700 maestros que enfrentan procesos disciplinarios.
Al usar de la palabra, la francesa Marine Mesure, que integró una delegación de la Internacional de la Construcción y la Madera, rechazó la pretensión del Ministerio de Trabajo de Panamá de disolver el sindicato de los obreros de la construcción.
La también miembro del parlamento europeo por el partido Francia Insumisa reveló además que esa arbitraria medida del Ejecutivo podría repercutir de manera negativa en acuerdos de asociación suscritos entre Panamá y la Comisión Europea.
En esta semana , el secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez , abandonó el asilo en Bolivia para viajar a Venezuela.
Al respecto, otro de los dirigentes de esa colectivo, Yamir Córdoba, en declaraciones a Radio Panamá, precisó que aunque el beneficio de asilo político otorgado por el Estado Plurinacional era vigente, su salida respondió a que en ese país andino amazónico habrán elecciones generales en agosto.
En ese sentido, dijo, la organización decidió su movida ante la incertidumbre que siempre despiertan los resultados de esos comicios, aunque Méndez gozaba de asilo en Bolivia, condición que podría ser acatada por la otra nación de destino.
Un día antes, la embajada de Bolivia en Panamá emitió un comunicado en que señalaba que Méndez, al abandonar el país, “no goza de las protecciones y garantías internacionales que se le otorga”.
Por su parte, la Policía Internacional ( Interpol ) activó la Alerta Roja contra el dirigente sindical a solicitud de las autoridades panameñas por su presunta participación en delitos como estafa agravada, lo que para la organización forma parte de la política de persecución política desatada en el istmo contra manifestantes contra una norma de pensiones.
