Por David Carrasco
Director de Bayano digital
El secretario de Organización y Afianzamiento de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Marcelo Di Stefano, afirmó hoy que Panamá encabeza la lista regional de Estados violadores de los derechos humanos, lo que ha provocado demandas en diversas instancias internacionales.
Di Stefano formuló sus declaraciones en una conferencia de prensa convocada en la capital panameña en el contexto de un seminario convocado para abordar los retos sociales y políticos de la clase trabajadora en este país, tras varios meses de represión policial y judicial.
Di Stefano subrayo que los abusos perpetrados en 2025 por agentes al servicio del gobierno del presidente José Raúl Mulino incluyen la congelación de cuentas bancarias a sindicatos, las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales y torturas.
Al respecto, acusó al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de ”meterse en las estructuras sindicales para financiar el divisionismo”. Reseño que tras las masivas protestas contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), elementos de los cuerpos de represivos cuerpos de seguridad violaron sexualmente a hombres y mujeres, para humillarlos.
“Hay un ataque sistemático desde que Mulino preside Panamá contra las organizaciones sindicales que tienen un saldo de dirigentes sindicales detenidos, asilados, exiliados, dirigentes sindicales que están cumpliendo con prisión en cárceles de alta seguridad, con prisión domiciliaria, cientos de dirigentes sindicales procesados en un proceso de judicialización de la protesta”, puntualizó el dirigente.
En un repaso de los informes testimoniales durante los hechos acaecidos, vaticinó que, “tarde o temprano, los autores de los desmanes cometidos contra el movimiento obrero en este país tendrán el castigo que merecen y no escaparán de la justicia y las demandas interpuestas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
De hecho, la CSA presentó denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por el incumplimiento de los convenios 87, 98 y 144. Las gestiones jurídicas emprendidas abarcan informes al Parlamento Europeo y a la CIDH, sobre las persecuciones a los trabajadores bananeros y la violación de la libertad sindical que afecta a los servidores públicos.
Di Stefano calificó de ”arbitrario” un nuevo decreto gubernamental que regula la huelga y adujo que ello no sólo afecta a los servicios públicos, sino que se extiende “a prácticamente todas las actividades de servicios y de producción” en Panamá, en abierta violación de los convenios internacionales suscritos.
Al final de la conferencia, los trabajadores y las trabajadores que participaron en el seminario de capacitación lanzaron consignas de unidad sindical y asumieron el compromiso de prepararse para enfrentar mayores retos en el futuro inmediato.
